El Hospital Ramón y Cajal de Madrid ha suspendido los convenios de formación para residentes procedentes del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla tras detectarse presuntas irregularidades en el cumplimiento de guardias por parte de una oficial médico. El conflicto, que ha provocado una crisis de confianza entre la sanidad madrileña y el Ministerio de Defensa, se originó al comprobarse que una capitán médico percibió retribuciones por servicios no realizados durante el año 2026.
La investigación interna se inició el pasado 22 de septiembre, cuando la dirección del centro hospitalario civil notificó al hospital militar la decisión de no admitir a nuevos residentes de primer año (R1). Según las comunicaciones institucionales, el motivo principal radica en la «unanimidad» del resto de residentes respecto a las ausencias de la capitán Mercedes Gragera, quien ocupa una plaza de residente en la especialidad de Oftalmología. La oficial habría cobrado aproximadamente 16 guardias, equivalentes a unos 3.200 euros, sin personarse en su puesto de trabajo en el horario establecido.
El cruce de correos electrónicos entre ambos centros confirma que el Ramón y Cajal cotejó la asistencia de todo el personal antes de señalar la falta de comparecencia de Gragera en casi la totalidad de sus turnos desde enero hasta septiembre. Mientras que el resto de los residentes militares mantienen una evaluación excelente por parte del centro receptor, el incumplimiento sistemático de la citada oficial ha derivado en la cancelación de las guardias formativas para el resto de sus compañeros, ante el perjuicio docente y organizativo generado.
En el ámbito administrativo y castrense, la Escuela Militar de Sanidad ha incoado un expediente disciplinario contra la capitán médico. Sin embargo, el proceso se encuentra bajo escrutinio debido a presuntas presiones internas. Fuentes militares señalan que la madre de la oficial, la coronel auditor Mercedes Alba, habría realizado gestiones ante la dirección del centro docente militar para evitar una sanción firme. La defensa de la capitán ha manifestado su compromiso de reintegrar las cantidades percibidas de forma irregular con el fin de atenuar las consecuencias del expediente.
El Ministerio de Defensa y el Servicio Madrileño de Salud analizan ahora el impacto de este incidente en las relaciones institucionales y en el programa de formación sanitaria especializada. El caso ha generado malestar en la jefatura de docencia del Gómez Ulla, que ha expresado su preocupación por el daño a la imagen del cuerpo de sanidad militar, mientras el hospital civil mantiene su postura de no reanudar las rotaciones de residentes hasta que se garantice el cumplimiento riguroso de los acuerdos de colaboración.


