López-Valverde insta al Tribunal Supremo a supervisar el censo electoral ante los comicios del 29-N
El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha defendido la necesidad de que el Tribunal Supremo intervenga para garantizar la integridad y la «certidumbre» del censo electoral de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Durante una comparecencia en Alcalá de Henares, el representante autonómico ha subrayado la importancia de asegurar un registro de votantes «real» que aporte seguridad jurídica al proceso democrático.
La declaración institucional se produce en un contexto de especial sensibilidad respecto al sufragio de los españoles residentes en el extranjero. El incremento de inscripciones en el censo exterior ha sido vinculado a la aplicación de la disposición sobre nacionalidad para descendientes, conocida como «ley de nietos», que ha facilitado el acceso a la ciudadanía a hijos y nietos de exiliados españoles.
López-Valverde ha manifestado su preocupación por el crecimiento del censo exterior, señalando que las instrucciones normativas para su gestión fueron, a su juicio, «mal diseñadas desde el principio». El consejero ha sostenido que esta situación ha motivado la intervención de la Justicia, destacando que el Tribunal Supremo ya ha dictado medidas cautelares para suspender determinadas inscripciones censales bajo sospecha de irregularidad.
En el ámbito jurídico, el escenario se encuentra condicionado por la reciente petición de la Abogacía del Estado, que ha solicitado al alto tribunal el levantamiento de dichas suspensiones cautelares ante la inmediatez de la cita con las urnas. No obstante, el consejero madrileño ha insistido en que la actuación judicial es esencial para evitar cualquier intento de «falsear» los resultados y garantizar que el proceso se desarrolle con total transparencia.
Finalmente, el titular de Digitalización ha lamentado que las acciones de control se hayan demorado, dificultando la paralización de todos los expedientes cuestionados antes de la jornada electoral. En palabras del consejero, el objetivo primordial debe ser ofrecer un marco de confianza absoluta a la ciudadanía, asegurando que el control del censo impida cualquier distorsión en la voluntad expresada por los votantes el próximo 29-N.


