El Gobierno central requerirá a la Comunidad de Madrid la revocación de las instrucciones sobre neutralidad docente
El Gobierno de España enviará un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid para solicitar la retirada de las instrucciones remitidas a los centros educativos públicos de la región. Esta medida, anunciada por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, busca dejar sin efecto la circular que exige el deber de neutralidad a los docentes y prohíbe el uso de espacios o plataformas oficiales para la promoción de las movilizaciones del sector educativo.
La controversia se origina tras la difusión de una directiva por parte de la Consejería de Educación madrileña dirigida a los equipos directivos de colegios e institutos. El documento prohíbe taxativamente al profesorado utilizar las aulas, las fachadas de los centros o las plataformas de comunicación institucional para difundir información o realizar acciones de apoyo a la huelga educativa iniciada el pasado 14 de octubre.
El presidente del Gobierno ha calificado esta normativa como un acto de represión contra los derechos del profesorado. A través de un pronunciamiento público, Sánchez comparó el formulario remitido por la administración autonómica con documentos utilizados durante la etapa franquista para el control ideológico, advirtiendo de que estas directrices suponen un retroceso en las libertades democráticas dentro del sistema educativo.
El movimiento del Ejecutivo central coincide con una creciente presión social en la región. Un total de 165 asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) han suscrito un manifiesto contra la orden, argumentando que la normativa busca silenciar las reivindicaciones laborales y profesionales bajo el argumento de evitar el adoctrinamiento en las aulas.
En el ámbito jurídico, los sindicatos docentes ya han confirmado que iniciarán procedimientos legales contra las instrucciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Las centrales sindicales solicitarán medidas cautelarísimas para obtener la suspensión inmediata de la circular, al considerar que vulnera derechos fundamentales y el ejercicio del derecho a huelga de los trabajadores públicos.
Este conflicto institucional se produce en un contexto de elevada tensión política, a escasos días de las elecciones convocadas para el próximo 29 de noviembre. La Comunidad de Madrid, por su parte, mantiene la validez de sus instrucciones amparándose en la necesidad de preservar el entorno educativo como un espacio libre de posicionamientos políticos y garantizar la objetividad en el servicio público de enseñanza.


