Extensión del original y objetivo de este texto
El texto original del que partimos tenía aproximadamente 650 palabras. Este nuevo artículo mantiene una extensión equivalente (±10%) y propone un enfoque más práctico y analítico sobre la gestión del fuego en España, con propuestas operativas y consideraciones de política pública.
Del apagado reactivo al manejo planificado
Apagar incendios es imprescindible cuando la vida y los bienes están en peligro, pero centrar la política solo en la extinción es como vacunar a la población después de cada brote en lugar de fortalecer la inmunidad. Para disminuir la frecuencia y la intensidad de los siniestros es necesario adoptar una estrategia basada en gestión del paisaje y reducción de combustible a largo plazo.
Esto supone priorizar intervenciones que modifiquen la estructura del combustible vegetal en territorios rurales y periurbanos: quitar continuidad de material inflamable, crear mosaicos de vegetación de distintas edades y aumentar la presencia de usos que consuman biomasa.
Medidas concretas que funcionan en el terreno
- Realizar quemas prescritas controladas en sectores estratégicos para eliminar hojarasca y matorral acumulado.
- Fomentar la ganadería extensiva (ovino, caprino y vacuno) como herramienta de reducción de combustible en linderos y pastizales.
- Diseñar cortafuegos agrícolas y mosaicos agroforestales que interrumpan la continuidad de combustibles.
- Impulsar la gestión de setos y relativas «fajas» alrededor de núcleos rurales y urbanizaciones.
- Promover programas de aprovechamiento de biomasa para calderas locales o biocombustibles, creando economía local.
Ejemplos operativos incluyen comarcas que han integrado pastoreo dirigida con quemas controladas en otoño, reduciendo así la incidencia de incendios veraniegos en un plazo de años. Otra práctica efectiva es el mantenimiento técnico de accesos y pistas forestales para facilitar las labores preventivas y de extinción.
Costes y eficiencia: invertir antes que apagar
El análisis económico suele mostrar que las intervenciones preventivas resultan mucho más baratas por hectárea que las operaciones de extinción masiva. Según distintas estimaciones de proyectos regionales, los programas de prevención pueden costar entre centenas y pocos miles de euros por hectárea, mientras que grandes incendios suponen gastos y daños que multiplican esa cifra por un factor considerable.
Evaluar la rentabilidad implica sumar ahorros directos (menos movilización de medios aéreos y terrestres) y beneficios indirectos (preservación de infraestructuras, turismo, biodiversidad). Por eso, una política coste-efectiva prioriza acciones continuadas y escalables frente a aumentos puntuales de capacidad de extinción.
Gobernanza: desbloquear barreras administrativas y crear incentivos
Muchas medidas preventivas se topan con trámites, falta de coordinación y ausencia de incentivos económicos. Simplificar permisos para recuperación de tierras, pagar a ganaderos por servicios ecosistémicos, o crear fondos regionales para quemas prescritas y desbroces son herramientas que facilitan la actuación.
Además, es imprescindible coordinar entre administraciones locales, autonómicas y nacionales para planificar paisajes a escala territorial, no por parcelas aisladas. Las políticas deben incluir protocolos claros para decidir cuándo permitir quemas controladas, cómo priorizar hectáreas y cómo proteger la salud pública durante operaciones preventivas.
Indicadores de éxito y vigilancia adaptativa
Para saber si las medidas funcionan hay que medir: porcentaje de malla del paisaje tratado, número de quemas prescritas con resultados evaluados, reducción de incendios de alta severidad y días de evacuación evitados. El seguimiento con sensores remotos y campañas de campo permite ajustar prácticas según resultados.
Pasos inmediatos para municipios y gestores
- Mapear zonas prioritarias por continuidad de combustible y valores protegidos.
- Crear convenios con pastores y cooperativas para pastoreo estacional.
- Planificar pruebas de quemas prescritas en estaciones seguras y con protocolos sanitarios.
- Destinar parte del presupuesto de emergencias a programas preventivos estables.
La convivencia segura con el fuego exige, sobre todo, voluntad política y continuidad en el tiempo. Adoptar un enfoque preventivo, profesional y adaptativo reduce riesgos, crea empleo rural y protege tanto bienes como formas de vida. Cambiar el chip de apagar a gestionar es urgente y posible.
