Por qué la Guardia Civil, y qué busca la Fiscalía
La decisión de remitir un dispositivo de almacenamiento a la Unidad Central Operativa (UCO) responde a la necesidad de aplicar técnicas especializadas de investigación digital. La Fiscalía pretende determinar si los archivos y metadatos hallados en el pendrive contienen elementos que puedan constituir indicios de delito o información relevante para una causa penal en curso.
Proceso técnico: cómo se examina un pendrive en clave forense
El examen forense de un soporte físico no se limita a abrir carpetas: incluye recuperación de datos borrados, análisis de registros de acceso y verificación de integridad. Los peritos trabajan con copias imagen del dispositivo para preservar la cadena de custodia y garantizar la validez de las pruebas ante un tribunal.
- Creación de una imagen forense bit a bit del pendrive.
- Extracción de metadatos y patrones de uso (fechas, autores, marcas temporales).
- Recuperación de archivos eliminados y análisis de versiones previas.
- Correlación de datos con otros soportes si es necesario.
Estudios en criminalística digital muestran que más del 60% de los dispositivos analizados aportan algún rastro útil para la investigación, ya sea por documentos, comunicaciones o huellas temporales. Ese tipo de resultados explican por qué la Fiscalía apuesta por un examen riguroso.
Implicaciones procesales y riesgos legales
Un hallazgo significativo puede abrir nuevas diligencias o reforzar las ya abiertas, pero también plantea retos: la defensa puede cuestionar la cadena de custodia, la autorización judicial y la proporcionalidad del acceso a datos. Por ello, es habitual que la Fiscalía documente cada paso y solicite informes periciales detallados.
Además, cuando un soporte ha pasado por manos de terceros —como organizaciones políticas o particulares— la fiscalía debe aclarar el origen y la legitimidad de la cesión para evitar nulidades procesales. La transparencia en esos trámites es clave para que la prueba sea admitida en procedimiento penal.
Consecuencias políticas y próximos pasos previsibles
Más allá del ámbito judicial, el análisis técnico puede tener repercusiones públicas: si los resultados confirman irregularidades, pueden derivar en acciones administrativas o cambios de responsabilidad política. En escenarios anteriores con documentos digitales, la publicación de pruebas parciales ha tensionado debates públicos y exigido respuestas institucionales.
En las próximas semanas es probable que se conozcan los informes periciales de la UCO; su contenido marcará si la investigación avanza hacia imputaciones formales o si se archiva por falta de elementos. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene las diligencias en reserva para preservar la investigación y la integridad de las pruebas.
