Colombia parece condenada a tropezar una y otra vez con las mismas piedras de su historia. Bajo el atractivo lema de la “Paz Total”, el gobierno de Gustavo Petro se presenta como el artífice de un nuevo amanecer. Sin embargo, lo que en el discurso oficial se exhibe como reconciliación, en la práctica se asemeja más a una peligrosa concesión frente al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Se configura así un acuerdo desequilibrado, en el que el Estado otorga legitimidad, recursos y ventajas políticas, mientras esa organización conserva intacto su aparato criminal, sus finanzas ligadas al narcotráfico y su dominio sobre vastos territorios.
El recuerdo de Machuca, en Segovia, permanece como una herida abierta. En octubre de 1998, el ELN dinamitó el oleoducto Caño Limón–Coveñas, generando un incendio devastador que cobró la vida de 84 personas, en su mayoría mujeres y niños. No fue un accidente ni un error táctico: se trató de un acto deliberado de barbarie, expresión del absoluto desprecio de esa guerrilla por la vida humana. Crímenes de esa magnitud deberían mantener a sus responsables ante la justicia, no ser relegados al olvido por un gobierno que, en lugar de reivindicar a las víctimas, otorga a sus victimarios un lugar de privilegio en la mesa de negociación.
Machuca no constituye un hecho aislado. El ELN ha atentado sistemáticamente contra la infraestructura estratégica de la Nación. Sus ataques a oleoductos y redes energéticas han causado pérdidas económicas millonarias, han sumido en la pobreza a comunidades enteras y han provocado desastres ambientales irreversibles. Cada atentado, además de golpear la economía nacional, sembró destrucción y desesperanza en regiones históricamente abandonadas por el Estado. Son crímenes que no prescriben ni pueden borrarse con discursos improvisados de reconciliación.
El principal riesgo de la llamada “Paz Total” es que carece de sustento en la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. En lugar de exigir el desarme efectivo y el sometimiento a la justicia, se opta por concesiones unilaterales que terminan por legitimar a una organización que nunca ha renunciado a la violencia. Hoy, el ELN continúa secuestrando, extorsionando y controlando corredores estratégicos del narcotráfico, al tiempo que se presenta como un interlocutor político válido.
Aún más grave resulta la denuncia de una eventual injerencia del ELN en decisiones internas de las Fuerzas Armadas. De confirmarse, estaríamos frente a un atentado directo contra la soberanía nacional y a una afrenta contra los soldados y policías que han entregado su vida en defensa del país. Reconocer a quienes han atentado contra la patria como actores con capacidad de decisión no solo erosiona la moral militar, sino que debilita la autoridad legítima del Estado.
La paz verdadera no puede edificarse sobre la impunidad ni sobre el desconocimiento del dolor de las víctimas. Una paz digna exige memoria, verdad y sanciones proporcionales para quienes han cometido atrocidades. Lo que propone el actual gobierno, en cambio, se asemeja más a un proceso de legitimación política del ELN que, lejos de fortalecer las instituciones, las socava. El desenlace más probable no será la estabilidad, sino un Estado debilitado, incapaz de proteger a sus ciudadanos y sometido a las imposiciones de un grupo armado ilegal.
Colombia merece la paz, pero no a cualquier precio. La dignidad de las víctimas y de las Fuerzas Armadas no puede sacrificarse en nombre de un proyecto político que confunde reconciliación con capitulación. Lo que hoy se presenta como “Paz Total” corre el riesgo de convertirse en un acuerdo de rendición que abrirá la puerta a mayor violencia, desgobierno e inseguridad. La verdadera paz no se decreta ni se improvisa: se construye con firmeza, con justicia y con respeto por la memoria histórica. Cualquier otro camino, como el que se impulsa actualmente, solo condenará al país a repetir los mismos ciclos de dolor que aún no hemos superado.
