Un mapa propio para la conectividad pública
La Generalitat impulsa un ambicioso plan para desplegar una infraestructura de fibra gestionada públicamente que aspire a concentrar las comunicaciones de organismos y centros administrativos. El proyecto, con participación de la consultora local Sirt y de la firma tecnológica china Huawei, pretende configurar una malla de transporte de datos que reduzca la dependencia de los operadores comerciales tradicionales y centralice la gestión de servicios críticos.
Más allá de la ingeniería, el objetivo declarado es ejercer un mayor control sobre la trayectoria de la información institucional y su tratamiento. Esto abarcaría desde sistemas sanitarios y plataformas educativas hasta redes internas de emergencia, razón por la cual se presenta como una estrategia para consolidar la soberanía digital de la comunidad autónoma.
Riesgos geopolíticos y tecnológicos
La decisión de incorporar tecnología de compañías vinculadas a países con tensiones geopolíticas genera un dilema: una red más autónoma en lo operativo puede, simultáneamente, abrir vulnerabilidades por la dependencia de proveedores externos. Organismos europeos han señalado en otras ocasiones la necesidad de evaluar riesgos de suministro y seguridad en contratos de infraestructura crítica.
Como referencia comparativa, gobiernos pequeños han optado por modelos mixtos: algunos países bálticos combinaron fabricantes occidentales con capas de software local y auditorías constantes; otros han promovido soluciones de código abierto en el núcleo de sus redes para minimizar puertas traseras. Esos enfoques muestran alternativas distintas a la compra directa de equipamiento de un único proveedor.
Transparencia, competencia y capacidad técnica
El protagonismo de una consultora de ámbito local en una adjudicación de gran envergadura plantea preguntas sobre capacidades técnicas y criterios de valoración. Cuando empresas pequeñas parten de una posición favorable, es habitual que concurran sin experiencia previa en despliegues a gran escala, apoyándose en alianzas con fabricantes consolidados para cubrir esa brecha.
Esto exige controles adicionales: auditorías independientes, cláusulas de transferencia de conocimiento, y garantías de mantenimiento y soporte. La contratación pública en proyectos de esta naturaleza suele requerir mecanismos que eviten que la dependencia tecnológica se transforme en una dependencia operativa irreversible.
Coste, alcance y alternativas
El presupuesto previsto para el proyecto se sitúa en torno a una cifra elevada que cubre despliegue y gestión durante años. A priori, una red pública puede aportar economías de escala y reducción de costes a largo plazo, pero también implica inversiones iniciales significativas y riesgos de sobrecostes por imprevistos técnicos o contractuales.
- Beneficio: control centralizado de políticas de seguridad y datos.
- Riesgo: dependencia de un único ecosistema tecnológico.
- Alternativa: consorcios regionales que compartan infraestructura y riesgo.
- Medida recomendada: auditorías periódicas y código abierto donde sea posible.
Escenarios a futuro y recomendaciones
En los próximos años es probable que el proyecto choque con debates políticos y técnicos: desde la evaluación de proveedores hasta la adaptación a normativas europeas sobre seguridad y competencia. Para mitigar impactos, es aconsejable que la administración refuerce la gobernanza del contrato, exija auditorías externas y plantee planes de contingencia que permitan operar con componentes alternativos si fuera necesario.
Además, incorporar formación técnica local y transferencias de capacidades reducirá el riesgo de dependencia prolongada. Modelos exitosos en otras latitudes demuestran que combinar estándares abiertos, supervisión independiente y pluralidad de proveedores es la vía más sólida hacia una auténtica autonomía tecnológica.
Palabras aproximadas del artículo original: 600. Extensión de este texto: aproximadamente 610 palabras.
