Un repunte claro: ¿qué muestran las últimas cifras?
Tras el gran corte eléctrico de finales de abril, el país ha experimentado un crecimiento notable en iniciativas de almacenamiento energético. En el tercer trimestre han emergido aproximadamente 3.500 MW de nuevas propuestas en fase de tramitación y se han autorizado casi 300 MW para construcción, un avance que sugiere un cambio de ritmo en la planificación nacional de energía.
Este volumen supone una concentración de proyectos que va más allá del simple efecto coyuntural: refleja una tendencia en la que el almacenamiento deja de ser complementario y se posiciona como pieza central para integrar renovables de forma estable. Además, la caída de costes de las tecnologías electroquímicas —más del 80% en la última década según estimaciones globales— hace que muchas propuestas sean económicamente viables.
Tipos de proyectos y ejemplos emergentes
La mayoría de los desarrollos recientes corresponden a sistemas de baterías estacionarias, si bien también se han registrado proyectos de bombeo y propuestas híbridas que combinan fotovoltaica con almacenamiento. En contraste con enfoques tradicionales, surgen iniciativas en zonas insulares y metropolitanas —como proyectos pilotos en Canarias y sistemas de respuesta rápida en áreas metropolitanas de la Comunidad de Madrid— que buscan soluciones de resiliencia local.
Los pequeños sistemas distribuidos en polígonos industriales o parques logísticos, orientados a servicios de frecuencia y respaldo ante picos, conviven ahora con instalaciones de mayor escala que pretenden ofrecer potencia firme a la red en horas de escasez.
¿Qué implicaciones tiene para la red eléctrica?
La incorporación de cientos de megavatios de almacenamiento cambia la dinámica operativa: mejora la gestión de picos, facilita la integración de energía variable y reduce la necesidad de encender centrales térmicas para garantizar la estabilidad. Sin embargo, también exige inversiones en infraestructura de transmisión y sistemas de control para coordinar cientos de unidades dispersas.
En la práctica, una red con más almacenamiento puede absorber excedentes solares al mediodía y liberarlos por la tarde, disminuyendo las pérdidas por evacuación y aumentando el aprovechamiento de renovables. Pero esto requiere marcos regulatorios claros que permitan a estos activos acceder a mercados de servicios auxiliares y remuneraciones por capacidad.
Obstáculos administrativos y ambientales
A pesar del impulso, la tramitación sigue siendo un cuellos de botella. Muchos proyectos se enfrentan a largos plazos de permisos, falta de estandarización documental y exigencias ambientales que, aunque necesarias, no siempre están adaptadas a tecnologías nuevas como las baterías. La ausencia de procedimientos ágiles puede provocar la caducidad de autorizaciones y la pérdida de inversiones.
- Permisos fragmentados entre administraciones autonómicas y estatales.
- Informes ambientales que requieren evaluaciones específicas para tecnologías electroquímicas.
- Limitaciones en la capacidad de evacuación en determinadas subestaciones.
Además, en algunas provincias se han registrado denegaciones por motivos de planificación territorial o conflicto con usos del suelo, lo que resalta la necesidad de una mejor coordinación entre urbanismo y política energética.
Oportunidades económicas y modelos de negocio
El almacenamiento abre múltiples vías de ingresos: venta de energía en picos, prestación de servicios de regulación de frecuencia, arbitraje intradiario y soluciones comerciales de resiliencia para clientes industriales. Nuevos actores —desde desarrolladores renovables hasta operadores de telecomunicaciones— están explorando modelos de monetización híbridos que combinan contratos de servicio con acceso a mercados mayoristas.
Proyectos bien ubicados pueden beneficiarse de primas por capacidad o de esquemas de contratos por diferencia que aseguren ingresos estables. También crece la demanda por parte de grandes consumidores que buscan garantizar continuidad operativa y reducir costes energéticos.
Recomendaciones para acelerar despliegues
Para que el impulso se traduzca en implementaciones concretas, conviene adoptar medidas prácticas:
- Establecer tramitaciones administrativas estandarizadas y plazos máximos para expedientes.
- Crear incentivos temporales para proyectos de almacenamiento que aporten servicios de red.
- Planificar refuerzos de red anticipando la concentración de evacuación en nodos críticos.
- Fomentar acuerdos de compra entre operadores y grandes consumidores para dar visibilidad de ingresos.
La simplificación documental y la creación de pautas claras para evaluaciones ambientales de baterías podrían reducir rechazos por formalismos y acelerar el acceso a la fase de construcción.
Mirando al futuro: resiliencia y soberanía tecnológica
El reciente empuje en almacenamiento es una oportunidad para reforzar la resiliencia del sistema energético y acercar capacidad de respuesta a centros de consumo críticos. A medio plazo, desarrollar una industria local de componentes y servicios asociados puede reducir dependencia externa y crear empleo en regiones menos industrializadas, por ejemplo en zonas del norte y del litoral atlántico que están explorando proyectos piloto.
El reto no es solo construir megavatios, sino integrar estos activos en un modelo eléctrico más flexible y participativo. Si se gestionan bien permisos, financiación y coordinación técnica, los cerca de 3.500 MW en tramitación y los casi 300 MW ya autorizados pueden marcar el inicio de una transformación estructural del sistema energético.