Un nuevo paquete fiscal centrado en servicios básicos: ¿qué propone realmente?
El Ejecutivo marroquí ha lanzado un proyecto de ley de Financiación que reordena prioridades públicas: más inversión en educación y sanidad, incentivos para empleo y cambios en las reglas políticas. Estas medidas llegan en un contexto de tensión social con protestas ciudadanas que exigen mejores servicios. Conviene separar lo simbólico de lo estructural para evaluar si el aumento de recursos bastará para transformar los servicios que la población utiliza a diario.
¿Dónde irán los fondos y qué impacto pueden tener?
El borrador contempla incrementar partidas hasta niveles inéditos en los últimos presupuestos, destinando una suma significativa a salud y escuela. Aunque el total anunciado es cuantioso —alrededor de 140.000 millones de dirhams, equivalente a unos 13.100 millones de euros—, la clave es cómo se distribuirán esos recursos entre mantenimiento, contratación y equipamiento.
Al evaluar el posible impacto conviene considerar tres vectores: inversión en infraestructura, refuerzo de plantilla y calidad de servicio. Por ejemplo, destinar recursos a reparar centros de salud rurales y a programas de formación para docentes puede reducir fallos operativos que a menudo generan desconfianza social.
- Construcción y rehabilitación de centros de atención primaria en zonas aisladas.
- Programas de formación continua para el personal sanitario y docente.
- Dotación tecnológica para mejorar la gestión hospitalaria y los sistemas escolares.
Empleo público: cifras y limitaciones
El plan contempla la creación de alrededor de 27.000 plazas vinculadas a los sectores de salud y educación. A corto plazo esto supone alivio para el mercado laboral y alivio político; sin embargo, incorporar tanto personal exige planificación: presupuesto de salarios a medio plazo, formación inicial y sistemas de contratación transparentes.
El riesgo es que se priorice la cifra sobre la calidad. Si la administración contrata sin planes de carrera ni inversión en capacitación, la capacidad real del sistema para atender mejor a la ciudadanía no cambiará de manera sostenida.
Medidas sociales complementarias y su alcance
Además de gasto en servicios, el programa incluye instrumentos de apoyo a hogares vulnerables y estímulos para las pequeñas empresas. Se anuncian transferencias directas a millones de familias y ampliaciones en esquemas de protección social: medidas que, bien ejecutadas, pueden elevar la resiliencia económica de los hogares frente a shocks.
No obstante, la eficacia de estas ayudas depende de sistemas de identificación eficientes y de la capacidad administrativa para evitar fugas y solapamientos. La experiencia comparada muestra que los programas más exitosos suelen combinar transferencias con servicios locales reforzados.
Reformas políticas: apertura generacional o estética institucional?
El paquete incluye propuestas para facilitar el acceso de personas jóvenes a la actividad política, con incentivos económicos para campañas y cambios en los requisitos de candidatura. También se proponen medidas para aumentar la presencia femenina en órganos representativos y revisar las normas de financiación de los partidos.
Desde una perspectiva analítica, estas reformas pueden mejorar la representación si van acompañadas de mayor transparencia y control financiero. Sin mecanismos de supervisión independientes, reducir barreras formales no garantiza una transformación real del tejido político.
Legitimidad en tiempos de movilización: desafíos no resueltos
Las propuestas se producen en medio de movilizaciones ciudadanas que critican la calidad de los servicios y la falta de oportunidades para jóvenes. La protesta es tanto una demanda de recursos como un reclamo por responsabilidad institucional. El aumento presupuestario puede mitigar tensiones, pero la confianza se recupera principalmente con resultados tangibles y procesos participativos.
Un eje a considerar es la respuesta estatal ante episodios críticos en hospitales o escuelas: investigaciones transparentes, responsabilidades claras y mejoras visibles en los centros implicados son pasos que generan mayor legitimidad que los anuncios generales.
Riesgos y palancas para la implementación
Los principales riesgos son la absorción limitada del gasto, la duplicación de esfuerzos y el encarecimiento de las nóminas sin mejoras en productividad. Para minimizar estos peligros es aconsejable:
- Establecer indicadores públicos de desempeño para centros educativos y sanitarios.
- Planificar las contrataciones con formación ligada a objetivos medibles.
- Fortalecer la gobernanza local para que las inversiones respondan a necesidades reales.
Conclusión: oportunidad con condiciones
El paquete presupuestario y las propuestas normativas constituyen una ventana para modernizar servicios clave y abrir espacios políticos a nuevas generaciones. No obstante, la transformación exigirá más que recursos: hará falta transparencia, gestión competente y mecanismos de supervisión que conviertan los anuncios en mejoras perceptibles en la vida cotidiana. Sin esas condiciones, el impacto político y social del esfuerzo presupuestario será limitado.
