Aplicabilidad: criterio central para las decisiones en la COP11
Cuando se discuten nuevas normas internacionales sobre control del tabaco, la viabilidad práctica debe primar tanto como la intención sanitaria. Representantes de la cadena —desde productores hasta distribuidores— reclaman que las propuestas sean ejecutables en contextos diversos y que se basen en evidencia científica y realidades de mercado.
Consecuencias no deseadas de reglas difíciles de aplicar
Normas demasiado rígidas o que ignoren el funcionamiento real del mercado pueden alimentar mercados paralelos. En distintas regiones, estimaciones sitúan el comercio ilícito de tabaco en torno al 8–12% del consumo total, con variaciones según controles fronterizos y fiscalidad. El efecto: pérdida de ingresos públicos, productos fuera de control sanitario y riesgos para los consumidores.
- Pérdidas fiscales que afectan servicios públicos.
- Desprotección del consumidor ante productos inseguros.
- Impacto negativo en agricultores y empleos locales.
Medidas prácticas que merecen atención
En lugar de prohibiciones abruptas, existen alternativas técnicas y escalonadas que reducen el riesgo de desbordes ilícitos. Sistemas de trazabilidad bien diseñados, programas piloto previos a una implantación masiva y calendarios ajustados a la realidad de los productores pueden mejorar cumplimiento y eficacia.
Además, integrar a todos los actores en el diseño —gobiernos, comercio formal y comunidades rurales— facilita soluciones que combinan salud pública y sostenibilidad económica. Un enfoque que ignore esta colaboración corre el riesgo de generar efectos adversos no previstos.
Balance entre salud pública y gobernanza del mercado
Es razonable que la regulación persiga reducir consumo y daños, pero también es imprescindible evaluar impactos fiscales y logísticos. En numerosos países los impuestos constituyen una parte sustancial del precio final —en algunos casos hasta el 70%—, por lo que la pérdida de recaudación ligada al mercado ilícito tiene efectos directos en servicios y políticas públicas.
Por todo ello, la recomendación para la COP11 es priorizar medidas aplicables, monitorizables y revisables. Adoptar marcos flexibles, acompañados de datos y pruebas piloto, ofrece la mejor probabilidad de reducir el consumo sin incentivar rutas ilegales ni perjudicar a comunidades vinculadas a la producción.
