Prohibición de dispositivos para menores implicados: alcance y dudas
Un grupo político andaluz ha planteado limitar el acceso de jóvenes implicados en acoso escolar a teléfonos y redes sociales hasta alcanzar la mayoría de edad. La iniciativa busca reducir el daño inmediato a las víctimas, pero plantea cuestiones sobre la eficacia y la proporcionalidad de una sanción que abarca todas las situaciones.
Desde el punto de vista jurídico y educativo, imponer una restricción de largo plazo puede generar estigmatización, dificultar la reinserción y dejar sin protección a quienes necesitan herramientas digitales para estudiar. Además, aplicar y controlar prohibiciones de este tipo exige recursos y garantías procesales que no siempre existen en centros educativos.
Estrategias alternativas y medidas complementarias
- Programas obligatorios de educación digital y mediación entre agresores y víctimas.
- Controles parentales y supervisión temporal con informes profesionales.
- Sanciones graduales que incluyan restauración y trabajos reparadores en la comunidad escolar.
- Implementación de herramientas tecnológicas que detecten y bloqueen comportamiento abusivo.
Encuestas recientes sugieren que entre el 20% y el 35% de adolescentes han sufrido alguna forma de ciberacoso, por lo que las respuestas deben combinar prevención, protección digital y mecanismos legales proporcionales.
En síntesis, la propuesta abre un debate necesario: reforzar la seguridad de las víctimas sin sacrificar derechos ni eficacia. Lo más sensato es diseñar protocolos claros, supervisión administrativa y medidas educativas antes de aplicar vetos indiscriminados.
