Estrategia política y jurídica: el foco sobre la evidencia digital
En los últimos procesos penales, la prueba digital se ha vuelto decisiva para sostener o derribar acusaciones. Cuando una parte intenta cuestionar la cadena de custodia de dispositivos incautados, lo que está en juego no es solo la validez de un elemento probatorio, sino la continuidad del procedimiento mismo. En este caso concreto, la disputa por los terminales ha servido como una herramienta defensiva y, según allegados a la investigación, también como un recurso táctico de índole política.
Por qué los terminales móviles se convierten en campo de batalla
Los móviles almacenan comunicaciones, archivos multimedia y metadatos que pueden reconstruir una conducta. Por eso, tanto fiscales como defensas centran sus esfuerzos en controlar el acceso a esos equipos. Si una parte logra sembrar dudas sobre la integridad de los registros (fechas, números de serie, bitácoras de manejo), puede intentar que se excluya esa evidencia o incluso solicitar la nulidad de actuaciones.
A diferencia de documentos en papel, los dispositivos electrónicos requieren procesos técnicos complejos para su extracción y custodia. Un fallo administrativo —por ejemplo, un soporte olvidado en un archivo durante meses— puede ser interpretado como una falla en la preservación y desencadenar impugnaciones que alarguen el proceso.
Impacto inmediato: decisiones judiciales y recursos de defensa
Ante solicitudes de devolución de aparatos intervenidos, los jueces suelen ponderar el interés de la investigación frente al derecho de defensa. En escenarios donde el material aún está siendo analizado, es frecuente que se deniegue la restitución para no obstaculizar la obtención de pruebas. Esa balanceación es un punto de fricción que las defensas explotan para presentar recursos y alegar vulneración procesal.
- Preservación técnica: imágenes forenses selladas y registros de acceso.
- Transparencia procesal: auditorías independientes sobre manipulaciones.
- Protección de terceros: depuración de datos personales antes de entrega.
Estrategias procesales: cómo se ataca y cómo se responde
La defensa suele alegar errores formales (fechas discontinuas, soportes extraviados, ausencia de testigos en el registro) para debilitar informes periciales. Frente a ello, la acusación y los investigadores pueden reforzar la trazabilidad con informes detallados, registros cronológicos y certificaciones de los técnicos. Además, la reproducción íntegra de las extracciones en soporte sellado reduce la posibilidad de impugnación.
Medidas urgentes para restaurar confianza
- Protocolos uniformes de custodia electrónica en todas las unidades policiales.
- Registro público y auditable de cada manipulación de evidencia digital.
- Formación continua de peritos y operadores judiciales en forensia móvil.
- Uso de custodias selladas y copias verificables para garantizar integridad.
Reflexión final: lecciones para el sistema
La controversia sobre los dispositivos no solo revela una pugna puntual entre defensa y acusación, sino una brecha institucional: la necesidad de protocolos más rigurosos y transparentes. Adoptar estándares técnicos claros y mecanismos de control independientes disminuirá la vulnerabilidad de procesos a maniobras tácticas y reforzará la confianza ciudadana en la administración de justicia. Mientras tanto, cada alegación sobre la cadena de custodia obligará a tribunales y peritos a justificar paso a paso la integridad de la evidencia.
