¿Qué revela el número y por qué importa?
El dato que ha saltado a la opinión pública —más de 1.225 millones de euros presupuestados y no gastados en inversiones— no es solo una cifra contable. Detrás hay proyectos paralizados, empleos que no se generaron y recursos europeos y estatales que no lograron traducirse en obra pública. Esta cantidad supone una pérdida de oportunidad para mejorar infraestructuras y servicios, y plantea preguntas sobre la capacidad administrativa para ejecutar lo planificado.
Palabras aproximadas del original: 900. El artículo que sigue mantiene una extensión similar y ofrece un análisis alternativo sobre causas, consecuencias y soluciones prácticas.
Problemas sistémicos más allá de la cifra
El bloqueo de inversiones no nace únicamente por decisiones políticas puntuales. Existen fallos estructurales recurrentes: criterios de priorización débiles, escasa preparación técnica previa y una arquitectura administrativa fragmentada que diluye responsabilidades. Estos elementos, combinados, multiplican retrasos y derivan en proyectos que continúan figurando en los presupuestos sin que llegue a iniciarse su ejecución real.
- Falta de estudios de viabilidad que analicen riesgos y costes reales.
- Órganos gestores con plantillas insuficientes para tramitar expedientes.
- Procedimientos de contratación descoordinados entre departamentos.
Ejemplos alternativos que ilustran la parálisis
Para entender el efecto práctico, basta con mirar proyectos distintos a los ya comentados en la prensa: obras de protección costera proyectadas en varias islas quedaron en fase de redacción durante años; mejoras de conectividad digital en zonas rurales no llegaron a adjudicarse por falta de planificación del terreno; y plantas de tratamiento de agua con financiación europea permanecieron sin iniciar obra por demoras en permisos ambientales.
En algunos casos, partidas se reservaron para iniciativas de energías renovables o modernización de puertos que no pudieron arrancar por ausencia de contratos marco y personal de obra disponible. Estos ejemplos muestran que el problema atraviesa distintos sectores, no es exclusivo de una tipología de inversión.
Impacto económico y social de la baja ejecución
La ineficacia en la ejecución tiene efectos tangibles: menor creación de empleo local, pérdida de competitividad regional y dilación de mejoras en servicios públicos esenciales. Además, cuando se devuelve financiación o se renuncia a ella, la región pierde capacidad para atraer nuevas convocatorias. A nivel social, proyectos vinculados a la resiliencia ante el cambio climático o a la mejora de la movilidad quedan demorados, con costes acumulativos que raramente se contabilizan en los presupuestos iniciales.
Por qué la dependencia de fondos externos es un arma de doble filo
La disponibilidad de recursos europeos y estatales incentiva la inclusión de proyectos en las cuentas, pero también facilita la tentación de presupuestar iniciativas sin la madurez técnica necesaria. Cuando gran parte del financiamiento no es propio, la administración puede incurrir en sobreestimaciones que terminan en partidas sin movimiento. Esto no solo genera reprogramaciones, sino que aumenta la complejidad de la gestión al introducir condicionalidades y plazos ajenos a la realidad local.
Medidas prácticas para revertir la situación
- Exigir estudios previos mínimos (viabilidad, análisis de riesgos y normativa aplicable) antes de incorporar proyectos al presupuesto.
- Concentrar las funciones de contratación en unidades con personal técnico especializado y capacidad de gestión pluriannual.
- Establecer calendarios vinculantes con hitos de ejecución y sanciones administrativas por incumplimiento de plazos.
- Utilizar plataformas digitales comunes para tramitar permisos y reducir los tiempos de coordinación interdepartamental.
- Revisar la clasificación contable para distinguir claramente entre gasto corriente y verdadero gasto en inversión.
Implementadas con rigor, estas medidas pueden reducir los cuellos de botella en licitaciones y acortar los plazos desde la adjudicación hasta la puesta en funcionamiento de las obras.
Un marco de gobernanza orientado a resultados
Más allá de ajustes técnicos, hace falta un cambio de cultura administrativa: pasar de una lógica de justificación contable a una gestión orientada a resultados. Esto implica definir indicadores claros de ejecución, publicar cronogramas de avance y rendir cuentas periódicamente sobre los desvíos. La transparencia en fases tempranas ayuda además a detectar proyectos inviables y reorientar recursos hacia iniciativas con mayor probabilidad de éxito.
Conclusión: transformar la capacidad de gastar en capacidad de invertir
La cifra de los 1.225 M€ no debe leerse solo como un reproche; es una llamada a reorganizar procesos, priorizar la preparación técnica y profesionalizar la contratación pública. Reducir la fragmentación administrativa, exigir madurez en los proyectos y aplicar controles orientados a resultados son pasos indispensables para convertir el presupuesto en obra y servicio. Solo así la inversión pública podrá cumplir su función de motor de desarrollo y mejora de la calidad de vida en las islas.
