La Fragilidad de la Transparencia en la Contratación Municipal
La transparencia en la gestión de los recursos públicos constituye un pilar esencial de cualquier democracia moderna. En el ámbito local, donde la proximidad entre el ciudadano y la administración es mayor, esta exigencia se acentúa. Sin embargo, un reciente análisis ha puesto de manifiesto graves deficiencias en la forma en que diversos ayuntamientos españoles manejan la información de sus contratos públicos, revelando una tendencia preocupante hacia la opacidad. Lejos de tratarse de adjudicaciones secretas, el problema radica en la eliminación prematura de los registros contractuales, lo que impide un seguimiento efectivo del gasto tras su ejecución.
Esta situación se observa principalmente en las administraciones locales de tamaño medio y grande, donde el volumen de expedientes y el capital involucrado son considerablemente elevados. Los hallazgos de esta investigación, que abarcó una muestra significativa de la contratación pública durante el año 2023, apuntan a un problema de carácter estructural que erosiona la capacidad de control y fiscalización sobre cómo se invierte el dinero de los contribuyentes.
El Laberinto de la Información Desaparecida
La normativa vigente exige que la documentación relativa a los contratos públicos permanezca disponible y accesible en los perfiles de contratante durante un mínimo de cinco años. Esta disposición busca garantizar la continuidad en la trazabilidad del gasto público. No obstante, una parte considerable de los organismos contratantes incumple este requisito fundamental. La información simplemente desaparece o se vuelve inaccesible antes del plazo legal establecido, creando vacíos en el registro histórico que impiden una auditoría completa de las decisiones pasadas.
Esta práctica de «borrado» digital no solo representa un incumplimiento legal, sino que tiene profundas repercusiones en la capacidad de análisis ciudadano y de los organismos de control. Sin acceso a estos datos históricos, resulta imposible realizar un examen detallado de patrones de adjudicación, identificar posibles concentraciones de gasto en empresas específicas o evaluar la eficiencia de los servicios a lo largo del tiempo. Se estima que esta anomalía afecta a contratos valorados en más de mil millones de euros, evidenciando la magnitud del desafío para la rendición de cuentas.
Más Allá de los Números: El Impacto en la Confianza Pública
La falta de una adecuada conservación de los documentos contractuales obstaculiza cualquier intento de reconstrucción de procesos y decisiones. Esta opacidad sobrevenida no solo compromete la integridad de los procesos administrativos, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en la administración local. Si el rastro del dinero público se disuelve, la percepción de control y honestidad disminuye, abriendo la puerta a suspicacias y dificultando la participación informada del público en la vida política.
Asimismo, la investigación ha revelado graves deficiencias en la remisión de expedientes a los órganos fiscalizadores. Decenas de documentos que excedían los umbrales legales no fueron entregados a tiempo o, directamente, no llegaron, lo que agrava la falta de trazabilidad. Estos retrasos sistemáticos o la ausencia de información impiden al propio sistema de control ejercer su función, incluso antes de que la documentación sea eliminada de los portales web. Esto sugiere una falta de diligencia o una resistencia a la transparencia que va más allá de un simple error administrativo.
El Talón de Aquiles: Contratos Menores y Entidades Vinculadas
Un área particularmente vulnerable a esta carencia de transparencia son los denominados «contratos menores». A pesar de su cuantía individual, la suma de estas adjudicaciones representa un volumen considerable del gasto público total. Los datos muestran que menos de la mitad de los órganos de contratación publica de forma adecuada la información exigida por la ley para este tipo de contratos –como el objeto, duración, importe e identidad del adjudicatario–, a pesar de la obligación de hacerlo periódicamente.
Esta debilidad es aún más notoria en las entidades dependientes de los ayuntamientos, como empresas públicas, fundaciones y consorcios. Estas organizaciones, responsables de gestionar cientos de millones de euros, exhiben niveles de transparencia incluso inferiores a los de las propias corporaciones municipales. La información, si existe, se encuentra fragmentada en múltiples perfiles de contratante o en plataformas de difícil acceso, lo que multiplica los obstáculos para cualquier intento de seguimiento y auditoría.
Hacia una Renovada Cultura de Transparencia Local
Para superar estas deficiencias, es imperativo que las administraciones locales adopten una cultura de transparencia proactiva y no solo reactiva. Esto implica no solo cumplir con los plazos de conservación, sino también establecer sistemas de archivo digital robustos y accesibles. Una medida clave sería la implementación generalizada de programas anuales de contratación, una herramienta de planificación que solo es utilizada por una minoría de organismos actualmente. Estos programas anticiparían las licitaciones, fomentarían la concurrencia empresarial y reforzarían la transparencia desde las fases iniciales del proceso.
La integración de plataformas unificadas y la simplificación de los perfiles de contratante ayudarían a centralizar la información, facilitando su consulta y fiscalización. La digitalización no debe limitarse a la publicación inicial, sino que debe garantizar la permanencia y la navegabilidad de los datos a lo largo del tiempo. Solo así se podrá transformar el actual escenario de expedientes aislados e inconexos en un sistema de información coherente que permita un análisis global y una verdadera rendición de cuentas.
