La Universidad ante el Desafío de la Integridad Académica
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha iniciado formalmente una investigación sobre diversas denuncias que apuntan a presuntas conductas de acoso sexual, coacción psicológica, maltrato y explotación. Estas graves acusaciones involucran a un catedrático emérito de la Sociología y a un colectivo de investigación adscrito a la Universidad de Barcelona (UB), el grupo CREA. Este paso de la autoridad judicial se produce tras la remisión del caso por parte de la propia universidad, evidenciando la seriedad y el alcance de las imputaciones. La investigación será manejada por una nueva sección especializada en violencia contra la infancia y la adolescencia, que también extenderá su ámbito a agresiones sexuales en adultos, subrayando la sensibilidad y especialización requerida para este tipo de casos.
Desentrañando las Acusaciones: Un Informe Detallado
La decisión de la UB de elevar los hechos a la Fiscalía se cimentó en un informe preliminar elaborado por una comisión independiente. Este órgano, compuesto por expertos en violencia de género y acoso institucional, dedicó varios meses a la recopilación y análisis de múltiples testimonios. Las narrativas recabadas describen un patrón de maltrato, coerción psicológica y sexual, además de explotación personal y profesional, y la implementación de prácticas vejatorias e intimidatorias. El documento caracteriza al grupo de investigación CREA como un «grupo coercitivo de alto control», señalando al ex catedrático como el presunto instigador principal de estas conductas.
Es particularmente relevante que el CREA, fundado en 1991, fuera en sus inicios un referente en el ámbito de la educación para luego especializarse también en la investigación sobre violencia sexual, lo que añade una dimensión de paradoja a las actuales imputaciones. La existencia de un ambiente de control tan estricto dentro de un colectivo dedicado a la investigación, especialmente en temas tan delicados, plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y la cultura institucional necesaria para prevenir este tipo de dinámicas.
Acciones Institucionales y Consecuencias Disciplinarias
La respuesta de la Universidad de Barcelona ha sido contundente. Poco después de recibir el informe inicial, que incluía una evaluación psicológica de los testimonios y un análisis penal, la institución activó diversas medidas cautelares. Entre estas se incluyen expedientes disciplinarios con suspensión de empleo para dos docentes e investigadores del grupo, la retirada de la condición de catedrático honorario a una tercera persona y el mantenimiento de la suspensión del estatus del catedrático emérito Ramón Flecha. Este conjunto de acciones busca asegurar la protección de posibles víctimas y la transparencia del proceso.
Además de las medidas hacia individuos, el propio grupo de investigación CREA anunció su disolución inmediata tras conocerse el traslado de las denuncias a la Fiscalía. Esta decisión, según se comunicó, buscaba evitar mayores perjuicios a sus miembros. La UB también ha expresado su intención de personarse como acusación particular en el procedimiento penal, reforzando su compromiso con la búsqueda de justicia y la defensa de un entorno seguro para toda su comunidad.
El Largo Camino de la Justicia y el Apoyo a las Víctimas
La investigación por parte de la comisión de expertos es un proceso complejo y de larga duración, con una duración prevista de al menos dieciocho meses. Se espera que se tomen declaraciones a un número adicional de denunciantes, lo que elevará la cifra total de testimonios a dieciséis. El alcance de la comisión no se limita a las agresiones, sino que también indaga en posibles irregularidades académicas y éticas detectadas durante el proceso, siempre respetando las competencias de la Fiscalía en la posible causa penal.
La universidad ha priorizado el bienestar de las personas afectadas, implementando medidas de acompañamiento psicológico para todos aquellos que lo necesiten, tanto actuales como pasados miembros del colectivo. Adicionalmente, se han adoptado disposiciones para que los méritos académicos o profesionales vinculados al CREA no puedan ser valorados en futuros procesos de selección o promoción del profesorado, buscando así mitigar cualquier posible influencia o beneficio derivado de un entorno presuntamente coercitivo.
Hacia un Entorno Universitario Libre de Violencia
Este caso resalta la creciente necesidad de que las instituciones académicas refuercen sus protocolos de prevención y actuación frente a cualquier forma de acoso o abuso. Las denuncias, algunas de las cuales se remontan a más de dos décadas atrás (con antecedentes en 2004 y 2016 que no prosperaron judicialmente), subrayan la importancia de escuchar y validar las experiencias de las víctimas, y de contar con mecanismos efectivos que impidan la impunidad. La Universidad de Barcelona ha calificado los hechos descritos como de «gravedad inaceptable, intolerables y repulsivos», reiterando su compromiso con la creación de un espacio universitario libre de violencia. Este compromiso institucional es fundamental para fomentar una cultura de respeto y seguridad, donde la integridad académica y personal sea una prioridad inquebrantable.
