Análisis de la Clasificación Penitenciaria de los Condenados por Terrorismo
La gestión de las sentencias para individuos condenados por terrorismo es un punto sensible en la política penitenciaria española. A finales de 2025, parte de los presos de ETA cumple su condena bajo régimen ordinario, sin acceso a beneficios para adelantar su salida. Esta situación coexiste con reclusos que ya gozan de clasificaciones más flexibles, reflejando la complejidad y evolución del sistema.
Regímenes y Flexibilidad: El Estatus Actual
Actualmente, de los 125 presos de ETA, 58 permanecen en segundo grado, excluidos de salidas anticipadas. Por otro lado, 54 internos se encuentran en tercer grado o semilibertad, lo que implica una significativa flexibilización de su privación de libertad. Además, 12 reclusos han visto su situación atenuada mediante el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, posibilitando trabajos o actividades formativas externas.
La Transformación del Paisaje Carcelario
La evolución de la política penitenciaria en los últimos años es notable. En noviembre de 2019, de 222 presos de ETA, 166 estaban en primer grado, el régimen más restrictivo. Hoy, ningún miembro de este colectivo se halla en esa situación, indicando una clara reorientación en las clasificaciones penitenciarias. Este 2025 también ha registrado siete excarcelaciones de presos de ETA por libertad condicional, marcando el fin de sus condenas.
Impacto de la Descentralización: El Papel del Gobierno Vasco
Desde la transferencia de competencias penitenciarias al Gobierno Vasco en octubre de 2021, su influencia ha sido decisiva. Solo en 2025, se otorgaron 20 terceros grados a 19 presos de ETA. En total, el ejecutivo autonómico ha concedido 110 terceros grados a 90 etarras, aunque 20 de estas decisiones fueron revocadas judicialmente, evidenciando un constante proceso de revisión. Siete internos han cumplido su pena y tres obtuvieron reducciones por tiempo en cárceles francesas.
Justicia y Rehabilitación: Un Debate Abierto
La situación y clasificaciones penitenciarias de los presos de ETA siguen siendo un foco de intenso debate social y jurídico. La flexibilización de las condenas es vista por algunos como vía para la reintegración; otros, especialmente víctimas, enfatizan la necesidad de un cumplimiento estricto y la memoria. Este equilibrio complejo define un desafío clave para el sistema de justicia en España.
