Un Escenario de Gestión Presupuestaria Recurrente
La Administración General del Estado se enfrenta, una vez más, a la extensión automática de sus cuentas públicas. A partir del 1 de enero, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 iniciarán su tercer año de vigencia prorrogada, lo que eleva a tres los ejercicios fiscales sin una ley de presupuestos aprobada específicamente para el periodo. Este mecanismo, contemplado en el artículo 134 de la Carta Magna, se activa ante la imposibilidad de alcanzar un consenso parlamentario para nuevas cuentas, reflejando una dinámica política compleja que tiene profundas ramificaciones en la gestión económica del país. Esta situación no es inédita; de hecho, constituye la undécima ocasión en la historia democrática de España que se recurre a esta medida, subrayando un patrón de dificultad en la aprobación de herramientas fiscales actualizadas.
Implicaciones de Operar con Cuentas Desactualizadas
Operar con unos presupuestos prorrogados implica desafíos significativos para la administración pública y los diversos sectores económicos. Los ministerios y las comunidades autónomas deben adaptar sus planes de gasto e inversión a un marco financiero concebido dos años atrás, lo que puede limitar la capacidad de respuesta a nuevas necesidades o la implementación de políticas innovadoras. Si bien la Ley permite ciertas adaptaciones, la rigidez inherente a un presupuesto no actualizado puede generar cuellos de botella en la ejecución de proyectos, especialmente aquellos que requieren inversiones plurianuales o que responden a coyunturas económicas cambiantes. La falta de flexibilidad impuesta por esta situación podría, por ejemplo, retrasar programas de infraestructuras o la modernización de servicios públicos esenciales.
El Marco Macroeconómico Frente a la Incertidumbre Fiscal
A pesar de la prórroga, el Gobierno ha articulado ya una serie de parámetros macroeconómicos y límites de gasto para el próximo ejercicio. El conocido como ‘techo de gasto’ no financiero para 2026 ha sido fijado en una cifra récord de 216.177 millones de euros. Paralelamente, se han establecido los objetivos de déficit y deuda pública para las administraciones, a pesar de que la senda original fuera rechazada en el Congreso. Esto implica la activación del plan fiscal estructural a medio plazo enviado a Bruselas, que otorga una mayor autonomía a la Administración Central en detrimento de un menor margen para las regiones. Las proyecciones de reducción del déficit apuntan a un 2,1% en 2026, descendiendo al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. En cuanto a la deuda pública, los objetivos son del 100,9% del PIB en 2026, 100% en 2027 y 99,1% en 2028.
Proyecciones Económicas en un Contexto de Estabilidad Comprometida
El Ejecutivo mantiene una perspectiva optimista sobre la evolución económica, anticipando un sólido crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). Las estimaciones sitúan el avance en un 2,9% para 2025 y un 2,2% para 2026, con proyecciones de un 2,1% para los años subsiguientes hasta 2028. En el frente del mercado laboral, las previsiones son igualmente halagüeñas, con una tasa de paro que se espera caiga al 10,5% en 2025, al 9,9% en 2026 y al 9% para 2028, acercándose a niveles previos a la crisis financiera global. Sin embargo, la viabilidad de estas proyecciones, que el gobierno califica de «expansivas y responsables», dependerá en gran medida de la capacidad para generar consenso político que permita la aprobación de un marco presupuestario renovado y adaptado a las necesidades actuales y futuras de la economía española.
El Imperativo de la Consolidación Fiscal y el Consenso Político
La reiterada prórroga de los presupuestos de 2023 subraya la persistente fragmentación del panorama político español y la dificultad de forjar acuerdos estables. Con un arco parlamentario tan diverso, el desafío de sacar adelante unas nuevas cuentas para 2026 es considerable. La estabilidad y previsibilidad fiscal son pilares fundamentales para la confianza de inversores y la planificación a largo plazo de empresas y ciudadanos. La capacidad del Gobierno para negociar y asegurar el apoyo necesario será crucial no solo para materializar las proyecciones económicas, sino también para dotar al país de la herramienta fiscal que responda de manera óptima a los retos y oportunidades que se presenten en los próximos años.
