La AP-9: Un Debate Constante en la Infraestructura Gallega
La Autopista del Atlántico, AP-9, es una infraestructura clave que vertebra Galicia de norte a sur, conectando ciudades desde Ferrol hasta Tui. Sin embargo, su modelo de gestión y los continuos aumentos de peajes la han convertido en un foco de debate político y social persistente. Las formaciones políticas gallegas han expresado reiteradamente su preocupación por el impacto económico que supone para los ciudadanos y empresas de la comunidad autónoma.
La Propuesta de Sumar Galicia: Nacionalización y Experiencia Directa
Recientemente, Sumar Galicia ha vuelto a poner sobre la mesa la exigencia de la nacionalización de esta autopista, defendiendo que su control debe recaer en manos públicas para servir mejor a los intereses de la ciudadanía. En este contexto, el secretario general, Paulo López, ha cursado una invitación formal al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que visite la región. El objetivo es que el ministro experimente de primera mano el elevado coste de transitar por esta vía, abonando los peajes con sus propios medios, lo que, según la formación, le permitiría entender la magnitud del problema que enfrentan los gallegos.
El Coste de la Concesión: Entre Subidas y Compensaciones
La crítica principal gira en torno a la percepción de que la AP-9 opera como un negocio privado con un impacto desproporcionado en la economía local. Se anticipa que el próximo enero traerá una de las mayores subidas de tarifas en años, lo que agrava la situación. Esta escalada de precios contrasta con la denuncia de que la empresa concesionaria sigue percibiendo compensaciones públicas, generando una doble carga para el contribuyente y el usuario. La visión de Sumar Galicia es clara: cada incremento tarifario es una «agresión» directa a la población gallega, haciendo insostenible el modelo actual.
Voluntad Política y Equidad Regional en la Gestión de Autopistas
Desde la formación se ha enfatizado que la situación de la AP-9 no es una cuestión técnica, sino de «voluntad política». Se argumenta que, si bien el Gobierno central ha procedido al rescate o la reversión de autopistas en otras comunidades autónomas, una acción similar no se ha llevado a cabo para la AP-9. Este hecho refuerza la percepción de una desigualdad de trato y la falta de un compromiso firme para aliviar la carga sobre los usuarios gallegos. La persistencia de esta concesión, que muchos consideran que nunca debió existir, condena a la región a soportar una de las autopistas de peaje más caras del territorio español, lo que motiva la exigencia de un cambio de rumbo inmediato.
