La Demora Crítica en la Normativa de Personal para Residencias
La Plataforma Social de Castilla y León ha manifestado su preocupación por la prolongada inacción respecto a la Ley de Residencias. A pesar de su aprobación en abril de 2024 y el compromiso de establecer ratios de personal mínimos para enero de 2025, han transcurrido más de 20 meses sin que la Junta de Castilla y León haya publicado el decreto regulador. Esta dilación en fijar el personal mínimo necesario en los centros residenciales y de día es un obstáculo para garantizar una atención digna y de calidad.
El Desafío de la Calidad Asistencial en un Modelo Predominantemente Privado
Castilla y León, líder en plazas residenciales para personas mayores, cuenta con un 80% de centros de gestión privada. Este modelo hace indispensable una regulación pública robusta para asegurar la calidad. La ausencia de un decreto que fije el personal mínimo podría derivar en estrategias de ahorro que impacten negativamente en la vida diaria de los residentes. La reducción de personal afecta directamente aspectos como la higiene personal, el apoyo en la movilidad o la interacción social, mermando el bienestar físico y emocional.
Cifras Alarmantes: La Brecha en la Atención a la Dependencia
Los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) revelan una preocupante diferencia en la atención a la dependencia. En 2025, el crecimiento en Castilla y León fue solo del 4,5%, muy por debajo de la media nacional del 9,4%. Cientos de personas en la comunidad fallecieron ese año esperando las prestaciones de la Ley de Dependencia que habían solicitado. Adicionalmente, la escasez de plazas de convalecencia sociosanitaria —apenas 114 en toda la región— expone otra carencia crítica para pacientes que requieren recuperación asistida post-hospitalaria.
Un Imperativo de Futuro: Reforzar la Dignidad del Cuidado Senior
La Plataforma Social ha denunciado consistentemente una política de bajo coste, con ayudas para residencias privadas que apenas cubren una pequeña parte del gasto real, haciendo inasequible la atención de calidad para muchos. Esta situación consolida una visión de la atención a los mayores como negocio, en lugar de un derecho fundamental. Es urgente que las autoridades de Castilla y León actúen para aprobar el decreto de personal, mejorar la financiación y ampliar los servicios especializados, garantizando un sistema de cuidado que respete la dignidad de nuestras personas mayores.
