La Elusión de Responsabilidades en la Gestión de Crisis
La gestión de la primera ola de la pandemia de COVID-19 en las residencias de la Comunidad de Madrid continúa siendo objeto de profunda controversia y escrutinio judicial. Uno de los puntos más polémicos gira en torno a los protocolos de derivación que, según diversas acusaciones, habrían denegado atención sanitaria adecuada a miles de mayores. En este contexto, el exdirector de Coordinación Sanitaria, Carlos Mur, ha comparecido ante la justicia, distanciándose de la autoría directa de dichos documentos, a pesar de su implicación en su tramitación.
Versiones Contradictorias y la Cadena de Mando
La declaración de Mur, realizada por videoconferencia desde el extranjero tras una citación previa, pone de manifiesto una compleja red de responsabilidades y versiones opuestas. Mientras Mur atribuye la elaboración principal de los protocolos a su sucesor en el cargo, Javier Martínez Peromingo, y a un equipo de geriatras, otros implicados en la causa han apuntado en su dirección. Mur sostiene que su función se limitó a la coordinación, revisión, firma y posterior envío de las directrices a la viceconsejería, pero insiste en no haber sido el creador intelectual de su contenido. Esta defensa contrasta con las afirmaciones de otros investigados, quienes sugieren que Mur tuvo un papel más central en la definición de las políticas.
El Intrincado Camino de la Justicia en la Pandemia
Este nuevo testimonio reactiva una instrucción judicial que ha enfrentado numerosos obstáculos, incluyendo largos periodos de paralización debido a conflictos de competencia entre distintos juzgados madrileños. La complejidad del caso, que busca dilucidar la presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a personas mayores, resalta los desafíos de asignar responsabilidades en situaciones de emergencia sin precedentes. La investigación no solo busca determinar quién redactó los protocolos, sino también identificar la cadena de mando que aprobó y aplicó estas directrices, y si hubo elementos que vulneraron los derechos fundamentales de los residentes.
La implicación de altos cargos de la administración autonómica en este proceso subraya la trascendencia del asunto, que afecta a la confianza pública en la gestión sanitaria y la protección de los colectivos más vulnerables. La Audiencia Provincial de Madrid tiene ahora la tarea de consolidar los casos y permitir que la investigación avance hacia una resolución clara, que aporte luz sobre uno de los episodios más oscuros de la pandemia en España.
