El Derecho a No Declarar en Comisiones Parlamentarias
La comparecencia de Antxon Alonso, gestor de Servinabar, ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas, se resolvió con su decisión de acogerse al derecho a no declarar. Esta medida, legalmente amparada, se fundamenta en su actual condición de investigado en una causa penal que tramita el Tribunal Supremo, cuya materia coincide con el objeto de la sesión legislativa.
Tensión entre Control Político y Garantías Legales
Este escenario ilustra la habitual tensión entre la función fiscalizadora del Parlamento y las garantías procesales individuales. El derecho a no autoincriminarse es un pilar jurídico esencial, y su invocación es habitual cuando existe una investigación judicial paralela. La defensa de Antxon Alonso, por recomendación expresa, priorizó esta protección legal, lo que limitó la capacidad de la comisión para obtener información directa sobre las presuntas irregularidades.
Silencio del Investigado ante Preguntas Parlamentarias
A pesar del inicio respetuoso de la sesión, el compareciente mantuvo el silencio ante las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios. Esto incluye las cuestiones planteadas por Javier Esparza, portavoz de UPN. La situación reafirma que, en casos de superposición con procedimientos judiciales activos, la búsqueda de explicaciones políticas a menudo debe ceder ante la primacía de la justicia, dejando las clarificaciones de fondo en manos de los tribunales correspondientes.
