En pleno 2026 asistimos a una maniobra más del gobierno de Gustavo Petro que debería preocupar a cualquiera que crea en la responsabilidad fiscal y en la racionalidad económica. Lo que se presenta como una victoria social no es otra cosa que una jugada política para ganar aplausos y titulares, ignorando deliberadamente las consecuencias profundas que esto tiene sobre la estabilidad del país.
Todos queremos que el colombiano gane más y gane mejor. Esa es una aspiración legítima. Pero el salario no se fija con aplausos sino con técnica. Se determina evaluando productividad, inflación, crecimiento y capacidad real de las empresas y del Estado para sostenerlo. Justamente eso fue lo que este gobierno decidió ignorar. Optó por un incremento del 23,7% sin un sustento técnico sólido, privilegiando el impacto político sobre el equilibrio económico. Y cuando las decisiones económicas se toman desde la tribuna y no desde la evidencia, las consecuencias llegan.
Un aumento desproporcionado no solo encarece la nómina privada; también impacta directamente las finanzas públicas. El Estado es uno de los mayores empleadores del país y un incremento de esta magnitud genera una presión inmediata sobre el presupuesto, ampliando el déficit fiscal para poder cumplir con el pago de los propios empleados públicos. Es decir, la medida que se presenta como “social” termina debilitando las cuentas del mismo Estado.
Pero el efecto más delicado está en el empleo formal. Si, como advierten distintos análisis, esta presión sobre los costos laborales deriva en la pérdida de hasta 700.000 puestos formales, el daño será estructural. Cada empleo formal que desaparece significa menos cotizantes a pensión y salud, menos recursos para financiar el sistema de seguridad social y más informalidad. En lugar de fortalecer la protección social, se estaría reduciendo su base financiera. No es una discusión ideológica; es una cadena de efectos económicos previsibles.
El problema no es discutir ingresos dignos. El problema es imponer decisiones macroeconómicas trascendentales bajo presión política, con cuadros y cifras presentados en tono de confrontación y no de diálogo social. Esa forma de gobernar no construye confianza, la erosiona.
Fuente:
