El Tribunal Administrativo Central suspende la licitación de Renfe para transporte alternativo por carretera
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) ha acordado la suspensión cautelar de la licitación iniciada por Renfe Viajeros para la contratación de servicios de transporte alternativo por carretera. Esta resolución responde al recurso interpuesto por diversas empresas del sector, lideradas por la patronal Direbús, quienes denuncian que las condiciones actuales del pliego limitan el acceso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y vulneran los principios de libre competencia.
La decisión del tribunal implica la paralización inmediata del procedimiento de adjudicación hasta que se resuelva el fondo del caso. El conflicto tiene su origen en el diseño del contrato impulsado por el Ministerio de Transportes, concebido para cubrir incidencias ferroviarias, obras o interrupciones operativas mediante el uso de autobuses. La resolución ha sido recibida por el sector empresarial como un primer paso hacia la revisión de un concurso que, según denuncian, no refleja la realidad del tejido productivo del transporte en España.
El núcleo de la impugnación reside en los elevados requisitos técnicos exigidos en los pliegos. El concurso contemplaba un contrato de larga duración —diez años con posibilidad de prórroga— y establecía la obligatoriedad de que el adjudicatario contara con una flota mínima de 300 autobuses en propiedad. Asimismo, se exigía capacidad operativa simultánea en múltiples nodos logísticos del territorio nacional, incluyendo Madrid, Barcelona y las principales capitales andaluzas.
Para las organizaciones de pymes, estas condiciones elevaban significativamente el umbral de entrada, dejando el proceso prácticamente restringido a los grandes grupos consolidados del sector. Aunque la licitación permitía la concurrencia mediante Uniones Temporales de Empresas (UTE), las cláusulas estipulaban que al menos uno de los integrantes debía poseer la gran flota mínima requerida, lo que en la práctica dificultaba la entrada de operadores medianos en el proceso de gestión nacional.
Como alternativa al modelo actual, la patronal plantea que Renfe opte por una licitación dividida por lotes territoriales, siguiendo el ejemplo de otros organismos públicos. Este sistema permitiría una mayor concurrencia de empresas locales y regionales, evitando la concentración del servicio en un único operador nacional y facilitando una respuesta más ajustada a las necesidades geográficas de la red ferroviaria.
Desde el sector han manifestado su intención de continuar con las acciones legales pertinentes si la operadora pública no modifica los pliegos para garantizar la libre concurrencia. Por su parte, la resolución definitiva del TARC determinará si el proceso debe reiniciarse bajo nuevos criterios o si, por el contrario, se validan los requisitos técnicos establecidos inicialmente por Renfe Viajeros.
