Detenido un empresario en Cádiz por presunta explotación laboral y favorecimiento de la inmigración irregular
La Policía Nacional ha procedido a la detención de un empresario, propietario de varios establecimientos de hostelería en la provincia de Cádiz, como presunto autor de delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular. Según el informe de la Comisaría Provincial, el investigado solicitaba cuantías de entre 6.000 y 8.000 euros a ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular a cambio de facilitarles contratos de trabajo y trámites de arraigo.
La intervención, denominada «Operación Naturke», se inició el pasado mes de enero tras una serie de inspecciones conjuntas con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las actuaciones se centraron en cuatro locales de comida rápida tipo kebab ubicados en los municipios de El Puerto de Santa María, Prado del Rey, Bornos y Puerto Serrano. Durante estas labores, los agentes identificaron a cinco ciudadanos de origen pakistaní en situación irregular trabajando en los establecimientos, quienes fueron detenidos por infracción a la Ley de Extranjería.
La investigación policial ha permitido acreditar que los empleados estaban sometidos a condiciones de explotación laboral. Según las diligencias, los trabajadores cumplían jornadas abusivas sin derecho a días de descanso y permanecían bajo vigilancia constante mediante sistemas de videovigilancia instalados en los locales. El atestado refleja además la existencia de un trato degradante, amenazas y el pago de salarios significativamente inferiores a los mínimos legales, aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas debido a su situación administrativa en España.
De forma paralela, las pesquisas detectaron irregularidades relacionadas con el padrón municipal. El empresario mantenía empadronados a un total de 34 ciudadanos extranjeros en cuatro domicilios —dos de su propiedad y dos alquilados—, sin que ninguno de ellos residiera de forma efectiva en dichas viviendas. Esta práctica tenía como finalidad presunta facilitar el requisito de arraigo necesario para la regularización de los migrantes, ya fuera mediante pagos en metálico o a través de la sumisión a condiciones laborales de explotación.
Asimismo, la investigación detectó que algunos de los ciudadanos empadronados, a pesar de contar con su documentación en regla, figuraban dados de alta en la Seguridad Social en los negocios del investigado sin desempeñar ninguna actividad laboral efectiva. Por el contrario, otros empleados en situación irregular ejercían sus funciones sin estar dados de alta en el sistema. La Policía Nacional mantiene la operación abierta y no descarta nuevas actuaciones relacionadas con esta red de fraude administrativo y laboral.
