La declaración del exjefe de Puertos del Estado revela la secuencia del aumento en el contrato de mascarillas

La instrucción del denominado ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo ha sumado un nuevo elemento probatorio tras la comparecencia en calidad de testigo de Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado. Un correo electrónico recientemente incorporado a la causa detalla cómo el contrato para la adquisición de material sanitario se duplicó de cuatro a ocho millones de unidades en un margen de 38 minutos durante la jornada del 20 de marzo de 2020.

El fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, centró el interrogatorio en la respuesta enviada por el comisionista Víctor de Aldama a Sánchez Manzanares. En dicho mensaje, Aldama indicaba: «Estos son los datos, estoy esperando a que me digan lo de los 8 y te aviso». Esta comunicación se produjo apenas media hora después de que el responsable de Puertos informara de que la instrucción inicial del Ministerio de Transportes contemplaba únicamente cuatro millones de mascarillas.

Sánchez Manzanares, quien fue destituido de su cargo por el actual ministro Óscar Puente tras el estallido del caso, reconoció ante el tribunal que Aldama actuaba como su interlocutor habitual en el Ministerio de Transportes. Según el testigo, en aquel momento se presuponía que Aldama formaba parte de la estructura ministerial y no de la empresa adjudicataria, Soluciones de Gestión, ya que participaba activamente en la coordinación logística de los suministros.

La declaración ha señalado directamente a la figura de Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, como el presunto responsable de la decisión de elevar el volumen de la contratación. Según fuentes próximas a la negociación, García habría comunicado la duplicación del pedido tras mantener contacto previo con Aldama. Sánchez Manzanares admitió que el cumplimiento de estas órdenes procedía de sus superiores jerárquicos, citando explícitamente a Javier Sánchez Fuentefría, entonces director general de Organización del ministerio.

Debido a la magnitud del nuevo contrato y a la incapacidad operativa de Puertos del Estado para gestionar el incremento, la operación se derivó finalmente a ADIF. Bajo la dirección de Isabel Pardo de Vera, el ente ferroviario asumió la contratación de los ocho millones de mascarillas por un importe total de 24,2 millones de euros. El testigo negó haber recibido presiones directas de Koldo García, enmarcando las gestiones en la búsqueda urgente de suministros en los inicios de la pandemia.

Durante la sesión, el fiscal Luzón inquirió sobre las comunicaciones internas en las que funcionarios de Puertos del Estado bromeaban con la posibilidad de gestionar el «cártel de Cali» tras formalizar el contrato con una empresa de dimensiones reducidas. Sánchez Manzanares restó trascendencia a estas expresiones, calificándolas de «bromas sacadas de contexto» producto de la «incertidumbre absoluta» y el «caos» que imperaba en la administración durante el estado de alarma.

El procedimiento judicial continúa analizando las presuntas comisiones irregulares derivadas de estas adjudicaciones. En la actualidad, la Fiscalía solicita penas de hasta 30 años de prisión para el exministro Ábalos y su asesor Koldo García, mientras que la petición para Víctor de Aldama se ha fijado en siete años, considerando el atenuante de colaboración con la justicia tras sus recientes declaraciones.