Sánchez analiza con entidades sociales y empresariales la implementación del proceso de regularización migratoria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves un encuentro de trabajo con representantes de organizaciones sociales, empresariales y sindicales, además de ciudadanos extranjeros regularizados en etapas anteriores, para abordar el alcance de la reciente medida aprobada por el Consejo de Ministros. La reunión ha servido para coordinar las líneas de actuación tras la luz verde al proceso que permitirá la regularización de miles de personas en situación administrativa irregular en España.

Durante el encuentro, el jefe del Ejecutivo ha definido la iniciativa como una «regularización histórica», incidiendo en el impacto positivo que tendrá sobre la vida de miles de personas que verán reconocidos sus derechos y asumirán sus obligaciones ciudadanas. Según ha comunicado el Palacio de la Moncloa, el presidente subrayó que este proceso no solo representa un avance social y económico para el Estado, sino que también constituye un compromiso de carácter moral con la integración y la dignidad humana.

Sánchez ha manifestado que la eficacia de esta medida dependerá de la solvencia en el desempeño del proceso administrativo y de la capacidad del tejido productivo para integrar a estos nuevos trabajadores. Asimismo, ha hecho un llamamiento a fomentar una convivencia constructiva que permita neutralizar los mensajes de polarización y odio, los cuales, a juicio del mandatario, son impulsados por sectores minoritarios de la sociedad española.

En el ámbito institucional, el presidente ha expresado su confianza en la gestión que llevará a cabo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En la reunión han estado presentes la titular de la cartera, Elma Saiz, y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, quienes serán las encargadas de supervisar la ejecución técnica de la regularización en colaboración con las entidades civiles y las administraciones públicas.

La mesa de trabajo ha contado con una amplia representación de la sociedad civil y el ámbito económico, incluyendo delegados de CEPYME, la Confederación Nacional de la Construcción y los sindicatos UGT y CCOO. También han participado instituciones jurídicas y religiosas como el Consejo General de la Abogacía Española y la Conferencia Episcopal Española, junto a organizaciones especializadas como CEAR, Movimiento Regularización YA, la Asociación Ibn Battuta y diversas fundaciones de apoyo al colectivo inmigrante como SUR ACOGE, CEPAIM y Rumiñahui.

Este proceso de regularización se pone en marcha en un clima de intenso debate parlamentario y territorial. Mientras el Gobierno central defiende la medida como una herramienta para el crecimiento y la cohesión, algunas administraciones autonómicas han manifestado su oposición, advirtiendo incluso de posibles recursos ante el Tribunal Supremo al considerar que el procedimiento carece de las garantías necesarias para la gestión de los recursos públicos.