La UCO acredita gestiones de Aldama ante Ábalos para la venta de material sanitario en República Dominicana

Un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incorporado a la investigación judicial del denominado «caso Koldo», detalla las gestiones realizadas por el empresario Víctor de Aldama para que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, intermediara ante la Presidencia de la República Dominicana. El objetivo de estas comunicaciones, según los investigadores, era facilitar la contratación de empresas vinculadas a la trama para el suministro de material sanitario durante la pandemia de COVID-19.

Las conversaciones de WhatsApp intervenidas por la fuerza actuante revelan que, en julio de 2020, Aldama insistió de manera reiterada a Koldo García, principal asesor del ministro en aquel momento, para que este último propiciara una comunicación directa entre «el jefe» —sobrenombre utilizado para referirse a Ábalos— y el mandatario dominicano. Los mensajes indican que el empresario facilitó el teléfono personal del presidente caribeño, urgiendo a que el contacto se realizara con celeridad para evitar que las gestiones comerciales perdieran vigencia.

De acuerdo con el análisis de los dispositivos electrónicos, Aldama propuso incluso realizar una llamada a tres bandas para coordinar la interlocución. Ante las demoras en la agenda ministerial, el empresario empleó un tono imperativo en sus mensajes, reclamando la intervención política para respaldar a las personas que, según sus palabras, estaban operando en el país centroamericano en nombre de los intereses de la red empresarial.

El informe de la UCO señala que estas presiones surtieron efecto meses después. En noviembre de 2020, Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama, contactó directamente con la Presidencia de la República Dominicana presentándose como el laboratorio de referencia que prestaba servicios al Ministerio de Transportes y al Gobierno de España. En dicha comunicación, la trama ofrecía servicios de detección de laboratorio, reactivos y maquinaria para el control sanitario en aeropuertos.

Los investigadores judiciales confirman que estas gestiones derivaron en una relación contractual efectiva entre las empresas vinculadas a la trama y la República Dominicana para la prestación de los citados servicios sanitarios. Este hallazgo refuerza la tesis de la Fiscalía y de la instrucción sobre el uso de canales institucionales del Estado español para favorecer negocios privados de los investigados en el extranjero.

Estas nuevas evidencias han sido trasladadas al magistrado instructor en el marco de las diligencias que se siguen por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. La investigación continúa analizando el alcance de la red de contactos de la trama en diferentes ministerios y administraciones públicas durante los meses más críticos de la crisis sanitaria.