El cuerpo de funcionarios alerta de carencias técnicas y riesgo de fraude en el decreto de regularización migratoria
La reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del decreto para la regularización extraordinaria de extranjeros en situación irregular ha generado inquietud entre los cuadros técnicos de la Administración General del Estado. Según fuentes del sector público consultadas tras una primera lectura del texto, la normativa presenta deficiencias técnicas sustanciales, destacando la ausencia de una memoria económica detallada y de una previsión oficial y unificada sobre el volumen total de solicitantes que podrían acogerse al proceso.
La incertidumbre sobre el impacto real de la medida se sustenta en la disparidad de cifras manejadas por distintas instituciones. Mientras que el Ejecutivo estimó inicialmente la regularización de unas 500.000 personas, otros organismos y colectivos han elevado esa proyección de forma significativa. La fundación Funcas situó la cifra en 800.000 personas, mientras que el Ministerio de Sanidad ha llegado a barajar un escenario de hasta 1,2 millones de posibles beneficiarios. La falta de un cálculo definitivo en el decreto oficial impide, según los funcionarios, dimensionar los recursos humanos y materiales necesarios para la gestión de los expedientes.
Uno de los puntos que mayor preocupación suscita entre los gestores públicos es la flexibilización de los requisitos probatorios para acreditar la residencia en España. Aunque se mantiene la obligatoriedad de presentar un certificado de antecedentes penales del país de origen, el decreto permite el uso de documentos no oficiales para demostrar la estancia en territorio nacional antes de finales de 2023. Facturas telefónicas, citas médicas o contratos de alquiler sin registro oficial podrían ser presentados como prueba, lo que, a juicio de los técnicos, dificulta la detección de posibles falsificaciones o documentos espurios.
El procedimiento administrativo diseñado establece que las solicitudes se presenten a través de las oficinas de Correos o entidades autorizadas, para que posteriormente la empresa pública Tragsa proceda a su digitalización. La resolución final recaerá en los funcionarios del Ministerio de Inclusión, quienes dispondrán de un plazo de tres meses para validar o rechazar cada petición. Los colectivos profesionales advierten de que este periodo es insuficiente dado el volumen de trabajo previsto y la complejidad de verificar la autenticidad de las pruebas aportadas sin la intervención directa de las fuerzas de seguridad.
En el ámbito laboral, los sindicatos han manifestado su disconformidad con la carga de trabajo que asumirá la plantilla. Comisiones Obreras (CCOO) y CSIF han denunciado la falta de personal suficiente y la carencia de formación específica para afrontar un proceso de esta magnitud. Aunque algunas movilizaciones han sido desconvocadas tras compromisos de mejoras salariales, persiste la duda sobre la capacidad operativa de las oficinas de Extranjería. La exclusión de la Policía Nacional de las fases de verificación es interpretada por fuentes administrativas como una merma en el control del proceso de regularización.
Finalmente, el decreto deja sin resolver cuestiones procedimentales críticas, como el efecto del silencio administrativo. La falta de concreción sobre si la ausencia de respuesta en el plazo estipulado debe interpretarse como una concesión o una denegación de la residencia añade, según los expertos consultados, un factor de inseguridad jurídica tanto para la Administración como para los propios solicitantes. Este escenario plantea un reto institucional para el correcto funcionamiento de los servicios públicos involucrados a partir del inicio del proceso el próximo mes de abril.
