La temporalidad en el empleo público alcanza máximos históricos mientras la justicia europea cuestiona el modelo español

España registra actualmente un volumen de empleo público en situación de temporalidad que afecta a cerca de un millón de trabajadores, lo que supone un 32% del total de los efectivos en las administraciones. Esta cifra se alcanza a pesar de la reforma legislativa de 2021, diseñada para reducir dicha tasa al 8%, y coincide con un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que califica de insuficientes las medidas adoptadas por el Estado español para sancionar el abuso de la contratación temporal.

Según los últimos datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el número total de empleados públicos se sitúa en torno a los 3,1 millones de personas, el máximo histórico registrado hasta la fecha. El incremento de las plantillas se ha concentrado principalmente en los ámbitos de sanidad y educación, bajo gestión de las comunidades autónomas y entidades locales. Del millón de empleados temporales, aproximadamente 700.000 corresponden a funcionarios interinos y 300.000 a personal laboral temporal.

En este escenario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido una resolución en la que concluye que los mecanismos vigentes en España para corregir el abuso de la temporalidad no cumplen con las exigencias del Derecho de la Unión. El tribunal con sede en Luxemburgo señala que las medidas actuales no son eficaces, proporcionadas ni disuasorias, lo que impide garantizar una reparación real para los trabajadores afectados por contratos temporales sucesivos en puestos que responden a necesidades estructurales.

La sentencia analiza específicamente tres instrumentos del marco legal español. En primer lugar, cuestiona la figura del «indefinido no fijo», al considerar que no elimina la precariedad laboral puesto que la relación se mantiene condicionada a la futura cobertura de la plaza o su amortización. En segundo lugar, el TJUE destaca que las indemnizaciones por cese, tasadas habitualmente en 20 días por año trabajado, no constituyen un mecanismo suficientemente disuasorio ni garantizan una compensación íntegra del perjuicio causado tras años de temporalidad.

Finalmente, el fallo se pronuncia sobre los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021. Aunque estos procedimientos mediante concurso u oposición han permitido regularizar plazas, el tribunal advierte que la participación en procesos abiertos no garantiza una solución individual para quienes han sufrido el abuso, ya que no asegura el mantenimiento del puesto de trabajo ni ofrece una compensación automática por la situación previa.

La resolución europea deja ahora el margen de actuación en manos del Tribunal Supremo, que deberá resolver los casos pendientes aplicando los criterios fijados por Luxemburgo. La exigencia es clara: si el ordenamiento interno no prevé la conversión automática en personal fijo, la Administración debe ofrecer medidas alternativas que sean verdaderamente efectivas para sancionar el abuso de la temporalidad.

Este nuevo escenario jurídico introduce una presión adicional sobre la estrategia legislativa del Gobierno y las administraciones autonómicas. La persistencia de una tasa de temporalidad cercana al 32% evidencia la dificultad de alcanzar el objetivo del 8% comprometido con las instituciones europeas, lo que podría derivar en un aumento de la litigiosidad y la necesidad de una nueva revisión del marco normativo del empleo público en España.