Bolaños advierte con recursos al Constitucional ante el pacto de gobierno en Extremadura

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado que el Gobierno de España mantendrá una vigilancia estricta sobre la aplicación del acuerdo de investidura suscrito entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. El Ejecutivo central ha advertido que interpondrá recursos ante los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional frente a cualquier medida que resulte discriminatoria, suponga un retroceso en derechos o contravenga la legislación vigente.

En una entrevista concedida este lunes a la cadena La Sexta, el titular de Justicia calificó el pacto de gobernabilidad en la región como «ultra» y aseguró que el gabinete de Pedro Sánchez actuará como «garantía» de que no se produzcan recortes de derechos en ninguna materia, citando expresamente los ámbitos sanitario y de memoria democrática. Bolaños enfatizó que el Estado estará «muy vigilante» durante la implementación de las políticas derivadas de este acuerdo parlamentario.

Uno de los puntos de fricción señalados por el ministro es la intención, recogida en el pacto, de declarar la Cruz de los Caídos de Cáceres como Bien de Interés Cultural (BIC). Según el representante del Ejecutivo, esta iniciativa es «absolutamente contraria a la Ley de Memoria Democrática» vigente desde el año 2022. En este sentido, recalcó que cualquier actuación que ignore los preceptos de dicha normativa será llevada ante las instancias judiciales competentes.

La estrategia del Gobierno central contempla una respuesta jurídica multinivel. «Iremos a los tribunales ordinarios y también al Tribunal Constitucional cuando sea necesario», manifestó Bolaños, subrayando que la acción del Estado busca preservar el marco constitucional frente a posibles decisiones administrativas de la Junta de Extremadura que pudieran incurrir en arbitrariedades o vulneraciones de derechos fundamentales.

Esta postura del Ministerio de la Presidencia se produce tras la conformación del gobierno de coalición en Extremadura, donde el Partido Popular y Vox han articulado una hoja de ruta común. La advertencia de Bolaños refuerza la línea del Ejecutivo central de supervisar las normativas autonómicas que afecten a leyes estatales de rango superior, especialmente aquellas vinculadas a la protección de la memoria histórica y la igualdad de los ciudadanos.