Ayuso cuestiona la legalidad de puntos del pacto entre el PP y Vox en Extremadura
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado públicamente sus discrepancias respecto al acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. La dirigente madrileña ha señalado que determinados requisitos incluidos en el pacto, específicamente los referidos al concepto de «prioridad nacional», no se ajustan al marco legal vigente, convirtiéndose en la única voz crítica dentro de las filas populares frente a este acuerdo.
Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Bruselas, tras reunirse con el comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, Ayuso subrayó su compromiso con «la ley y el orden». En este sentido, la presidenta argumentó que no es posible excluir legalmente a ciudadanos de derechos ya adquiridos ni de sistemas en los que han contribuido, haciendo una analogía con peticiones similares recibidas en la Comunidad de Madrid respecto al sistema sanitario.
El acuerdo de coalición en Extremadura, que permitirá la investidura de la popular María Guardiola, consta de 61 puntos de acción gubernamental. Entre ellos, destaca la creación de un sistema de acceso a la vivienda protegida y alquiler social inspirado en la «prioridad nacional», destinado a favorecer a quienes acrediten un arraigo real y duradero en el territorio. Ayuso ha insistido en que «el tiempo pondrá todo en su sitio» debido a la supuesta falta de encaje legal de estas medidas.
A pesar de estas críticas técnicas, la presidenta madrileña felicitó a María Guardiola por su victoria electoral y por el trabajo realizado durante los últimos meses, instando a la nueva administración extremeña a «ponerse manos a la obra» de forma inmediata. Estas declaraciones coinciden con su agenda internacional en la capital europea, donde ha trasladado las preocupaciones del sector agrario madrileño a las instituciones de la Unión.
La postura de Díaz Ayuso contrasta con la recepción oficial del pacto por parte de la dirección nacional del Partido Popular. La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, calificó el acuerdo como una «muy buena noticia» que responde a la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también celebró el desbloqueo de la gobernabilidad en la región vecina, aunque reiteró su aspiración de conformar gobiernos en solitario.
El pacto extremeño incluye otros puntos controvertidos como el rechazo a la inmigración ilegal, la prohibición del uso del burka en espacios públicos de competencia autonómica y el compromiso de facilitar las repatriaciones de menores no acompañados. Estas medidas forman parte del programa que regirá la acción del Ejecutivo de coalición durante la presente legislatura.
