El Partido Popular tacha de «chapuza jurídica» el decreto de regularización de inmigrantes y anuncia recursos en las comunidades autónomas
La eurodiputada y vicesecretaria general de Política Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha manifestado el rechazo frontal de su formación al real decreto aprobado recientemente por el Gobierno de Pedro Sánchez para la regularización de inmigrantes. Ezcurra ha confirmado que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular interpondrán recursos contencioso-administrativos y solicitarán medidas cautelares para suspender los efectos de una norma que define como una «chapuza» carente de itinerarios de integración vinculados al empleo.
La dirigente popular sostiene que la medida tendrá un impacto negativo tanto para quienes cumplen la legalidad vigente como para los propios inmigrantes que se regularicen bajo este sistema, al no establecerse requisitos firmes en materia de antecedentes penales ni un aprendizaje obligatorio del idioma. Según Ezcurra, la entrada de una cifra que estima en 1,2 millones de personas al sistema sin una planificación adecuada supone un riesgo de cronificación de la precariedad y una presión insostenible para los servicios públicos del Estado del bienestar.
Desde el punto de vista procedimental, el Partido Popular denuncia que el Ejecutivo ha utilizado el decreto para eludir el consenso parlamentario, ignorando la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se encontraba en el Congreso de los Diputados. Ezcurra critica que se haya optado por una vía de urgencia que, a su juicio, responde a una situación de «debilidad política» y a la necesidad de alcanzar acuerdos con socios de coalición como Podemos, obviando la mayoría parlamentaria que exigía una regularización individualizada y no masiva.
En cuanto a la seguridad jurídica, la eurodiputada subraya la dureza del informe del Consejo de Estado sobre el borrador inicial. Critica que el Gobierno haya mantenido «conceptos jurídicos indeterminados» y que la acreditación de vulnerabilidad recaiga en entidades del tercer sector en lugar de en la administración pública. Asimismo, cuestiona que la tramitación de los expedientes se haya delegado en funcionarios de Extranjería y en el servicio de Correos, excluyendo la participación activa del Cuerpo Nacional de Policía para la trazabilidad de antecedentes policiales.
En el ámbito internacional, Ezcurra advierte de que esta medida contraviene el Pacto Europeo de Migración y Asilo y los pronunciamientos de la Comisión Europea, que desaconsejan las regularizaciones masivas como instrumentos estructurales. Según la representante del PP, la decisión unilateral de España afecta al espacio Schengen y podría generar un «efecto llamada» que beneficie a las redes de tráfico de personas, al trasladar el mensaje de que la irregularidad administrativa obtiene una recompensa legal.
Finalmente, la vicesecretaria popular enmarca la aprobación de este decreto en un cálculo puramente electoral y estratégico. Ezcurra vincula el anuncio de la medida con la proximidad de procesos electorales y con un intento del presidente Sánchez de «polarizar a la sociedad» y desplazar el foco de atención de las investigaciones judiciales que afectan a su entorno personal y a su Gobierno. Respecto al apoyo de la Iglesia católica a la regularización, Ezcurra ha señalado que el PP comparte la preocupación por la dignidad humana, pero defiende que la alternativa debe ser un marco legal serio que no perpetúe la irregularidad.
