Benito Arruñada vincula el estancamiento institucional a las preferencias del electorado español
El catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra, Benito Arruñada, sostiene que el actual marco institucional y económico de España no es fruto exclusivo de la gestión política, sino un reflejo directo de las preferencias de la ciudadanía. En su análisis sobre el funcionamiento de los mercados y las instituciones, el economista advierte que la correlación entre los deseos de los votantes y las políticas públicas está generando un escenario de «presentismo» que compromete el crecimiento a largo plazo y el bienestar por habitante.
Arruñada plantea que existe una sintonía profunda entre la clase política y los electores en materias clave como la fiscalidad, la competencia y la redistribución. Según el académico, esta dinámica impide la ejecución de reformas estructurales necesarias, ya que los objetivos sociales a menudo contradicen los medios que los votantes están dispuestos a aceptar. Como ejemplo, cita el mercado de la vivienda: el deseo de precios asequibles coexiste con el rechazo a la edificación en altura o a la renovación de centros urbanos, lo que termina por desincentivar la oferta.
El análisis subraya que el consenso parlamentario en asuntos de elevado gasto público, como el ajuste de las pensiones a la inflación o el incremento de sueldos de empleados públicos, evidencia una preferencia por el consumo inmediato sobre la inversión productiva. Arruñada advierte que esta tendencia ha provocado que España pierda posiciones en términos de bienestar dentro del contexto europeo en las últimas dos décadas. El diagnóstico apunta a una economía que crece en cifras agregadas pero que se estanca en términos de prosperidad individual.
En el ámbito regulatorio, el catedrático critica lo que denomina «reglamentismo como arma de combate». Sostiene que la Unión Europea y el Estado español han desarrollado un entramado normativo restrictivo que dificulta la actividad empresarial. Asimismo, califica de ineficientes muchos procesos de digitalización y simplificación administrativa, argumentando que a menudo solo sirven para comprimir trámites sin eliminar la carga burocrática real. Para Arruñada, la solución reside en la derogación normativa directa antes que en la reforma superficial.
Sobre el papel del sector privado, el economista lamenta la falta de prestigio social de los creadores de riqueza en comparación con los modelos escandinavos. Explica que la sociedad española tiende a favorecer la «captura de rentas» —la apropiación de tarta social existente mediante mecanismos políticos o regulatorios— frente a la competencia productiva que aumenta el tamaño de la economía. En este sentido, defiende que el Estado debe buscar una simbiosis con el mercado para favorecer la producción de riqueza.
Respecto al sistema educativo, Arruñada manifiesta su preocupación por la caída de los estándares de exigencia tanto en el ámbito público como en el privado. Considera que la educación ha pasado de ser una inversión en capital humano a ser tratada como un bien de consumo, donde prima la satisfacción inmediata del estudiante sobre el mérito. Este descenso de la exigencia, afirma, perjudica especialmente a las clases desfavorecidas que dependen de la educación pública para el ascenso social.
Finalmente, el análisis institucional aborda la situación de las universidades españolas y la organización territorial. Arruñada critica el modelo de autonomía universitaria por la falta de mecanismos de rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos. En cuanto a Cataluña, señala que los datos históricos muestran mayores tasas de crecimiento económico en periodos de menor autogobierno, sugiriendo que el exceso de personalismo y las estructuras de pactismo político pueden derivar en ineficiencias para la gestión de la riqueza común.
