La Audiencia Nacional cita al auditor de Gaslow por presuntos pagos a la trama vinculada al caso Ábalos
El magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha citado para el próximo 28 de abril a Manel Sallés, auditor de la mercantil Gaslow, en calidad de testigo clave en la investigación sobre la trama de fraude en el sector de los hidrocarburos. Esta comparecencia se produce tras el análisis de las conexiones entre el sector energético y el entorno del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en lo que apunta a una estructura de influencias para la obtención de licencias administrativas.
Sallés, quien fue el encargado de poner en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades detectadas en las cuentas de Gaslow, aportará información sobre el presunto desvío de fondos y el pago de comisiones ilícitas. Según las investigaciones judiciales, lo que comenzó como una causa por un fraude fiscal estimado en 30 millones de euros ha escalado hasta alcanzar los 215 millones de euros en concepto de IVA no abonado a través de la operadora Villafuel, liderada por el empresario Claudio Rivas.
La instrucción analiza si la concesión de la licencia de operadora de hidrocarburos a la red de Rivas fue facilitada a cambio de contraprestaciones económicas y materiales. Entre las pruebas que obran en la causa, se investiga si el uso de un chalé de lujo en la urbanización La Alcaidesa, en Cádiz, fue una contraprestación directa por el favor administrativo que permitió a Villafuel operar en el mercado mayorista de combustibles sin las trabas burocráticas habituales.
El testimonio de Sallés también se centrará en la existencia de un denominado «grupo acelerador», una estructura de intermediación que presuntamente actuaba como enlace entre los empresarios del sector del combustible y los estamentos gubernamentales. De acuerdo con las pesquisas, Claudio Rivas habría reconocido el abono de 500.000 euros a este grupo con el objetivo de agilizar los trámites y garantizar que la licencia de hidrocarburos no quedara estancada en la administración.
Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúan a Israel Pilar, presidente de la sociedad Sortis SL, como el presunto canalizador de estos flujos monetarios. La investigación apunta a que este grupo operaba bajo un sistema de comisiones de entre el 15% y el 20% por la intermediación en la adjudicación de contratos y gestiones ante la administración pública. En este esquema, figuras cercanas al ministerio, como Koldo García, habrían ejercido una función de puente logístico entre los intereses privados y la estructura institucional.
La declaración del próximo 28 de abril ante el juez Pedraz es valorada por las fuentes jurídicas como un hito procesal de relevancia. El resultado de este interrogatorio determinará si la investigación, que inicialmente se centraba en la adquisición de material sanitario, se expande formalmente hacia un proceso integral sobre corrupción energética y tráfico de influencias en la concesión de títulos habilitantes para el sector de los carburantes en España.
