El colectivo saharaui anuncia medidas legales ante su exclusión de la regularización extraordinaria de extranjeros
La Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España (Aprase) ha anunciado el inicio de una ofensiva legal contra el real decreto de regularización extraordinaria aprobado recientemente por el Gobierno. El colectivo, representado por la abogada Fatma El Galia, presentará solicitudes de residencia para personas procedentes de la antigua colonia española con el objetivo de forzar su inclusión en el proceso, que prevé normalizar la situación de más de 500.000 inmigrantes, pero que excluye expresamente a los apátridas, condición mayoritaria entre los saharauis.
La normativa establece que podrán beneficiarse del proceso aquellos inmigrantes irregulares que solicitaron asilo antes del 1 de enero de este año o que acrediten su estancia en España antes de esa fecha cumpliendo requisitos de arraigo social, laboral o de vulnerabilidad. Sin embargo, el texto definitivo dejó fuera a los apátridas tras una recomendación del Consejo de Estado, presidido por Carmen Calvo, que instó a no incluirlos en la misma disposición que a los solicitantes de asilo.
Desde Aprase se sostiene que esta decisión carece de fundamentos jurídicos y supone un agravio comparativo. El colectivo argumenta que los ciudadanos saharauis pueden acogerse al requisito de vulnerabilidad previsto en la disposición adicional vigesimoprimera del decreto. Esta vía permite la autorización de residencia por razones de arraigo extraordinario a quienes se encuentren en situaciones de exclusión social, sinhogarismo o carencia de ingresos, supuestos que serán validados por entidades colaboradoras como Cruz Roja.
La abogada Fatma El Galia ha advertido de que, en caso de que la administración deniegue estas solicitudes, se recurrirá a la vía contencioso-administrativa. El objetivo es que el conflicto llegue al Tribunal Supremo o incluso al Tribunal Constitucional, bajo la premisa de que se están vulnerando derechos fundamentales. Según denuncian las organizaciones jurídicas, los trámites para obtener el estatus oficial de apátrida se demoran actualmente una media de cuatro años, periodo durante el cual los solicitantes permanecen en un limbo administrativo sin derecho al trabajo.
En el ámbito político, la exclusión ha generado fisuras dentro del Ejecutivo de coalición. La formación Sumar ha calificado la decisión como una «política hecha a medida» y sugiere que la retirada de los apátridas del decreto responde a intereses diplomáticos vinculados con el Reino de Marruecos. Por su parte, el Frente Polisario ha criticado la medida al considerar que condena a los residentes saharauis en España a la precariedad y les impide contribuir al sistema público de seguridad social.
Históricamente, los ciudadanos procedentes del Sáhara Occidental —colonia española hasta 1975— representan la gran mayoría de las solicitudes de apatridia en España, alcanzando el 71% de las peticiones en lo que va de 2024. A pesar de los vínculos históricos y los reiterados intentos por facilitar el acceso a la nacionalidad española para este grupo, el marco legal actual mantiene criterios diferenciados que ahora serán dirimidos en sede judicial.
