Renfe solicita una auditoría judicial sobre la gestión del 112 tras el accidente ferroviario de Adamuz

La operadora estatal Renfe ha formalizado ante el juzgado de Montoro una petición para auditar de manera exhaustiva la actuación del servicio de emergencias 112 de la Junta de Andalucía durante el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba). La compañía pública, bajo la tutela del Ministerio de Transportes, solicita el acceso a las grabaciones, tiempos de respuesta y protocolos de coordinación, argumentando que posibles deficiencias en la gestión de la emergencia pudieron afectar a las labores de rescate y auxilio de las víctimas.

El escrito remitido a la jueza instructora pone el foco en la gestión de las llamadas recibidas en los minutos posteriores a la tragedia, que se saldó con 46 fallecidos. Renfe requiere específicamente conocer el contenido de las comunicaciones entre los centros del 112 de Madrid y Andalucía. Según la operadora, es necesario esclarecer si los jefes de sala descartaron inicialmente la implicación de dos convoyes —el tren Alvia y un tren de la operadora Iryo—, una circunstancia que habría condicionado el despliegue del operativo de socorro.

Cuestionamiento de los sistemas de geolocalización

La representación legal de Renfe también ha solicitado información pericial sobre el estado de los sistemas informáticos del servicio autonómico en el momento del suceso. La operadora demanda un informe detallado sobre el sistema de geolocalización utilizado para procesar las llamadas procedentes del Alvia, sosteniendo que una ubicación precisa e inmediata del tren habría sido determinante para la eficacia del rescate. Asimismo, se ha solicitado la secuencia completa de actuaciones del dispositivo de emergencias activado.

Esta maniobra judicial se produce tras la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso de los Diputados. Durante una sesión de control, el titular de la cartera esgrimió críticas de asociaciones de víctimas contra la gestión de la administración andaluza, señalando presuntas carencias en la coordinación. La iniciativa de Renfe traslada ahora este debate del ámbito parlamentario al judicial, elevando la tensión institucional entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno.

Antecedentes en los informes de la Guardia Civil

La solicitud de la operadora se sustenta, en parte, en las investigaciones preliminares de la Guardia Civil. Los informes del Instituto Armado describen una «importante confusión inicial» debido al alto volumen de llamadas simultáneas. Según los investigadores, las alertas recibidas se vincularon inicialmente de forma exclusiva al tren de Iryo, lo que provocó que las llamadas específicas sobre la situación crítica del Alvia fueran malinterpretadas o confundidas con el otro convoy implicado.

Con esta diligencia, Renfe busca determinar si la cadena de decisiones técnicas y operativas del 112 andaluz tuvo incidencia directa en el resultado del operativo. La resolución de la magistrada sobre la admisión de estas pruebas marcará el rumbo de una instrucción que, además de las responsabilidades penales derivadas de la colisión, evalúa ahora la eficacia de la respuesta institucional ante grandes catástrofes.