Vox solicita la intervención de la Comisión Europea ante la instrucción de informar a presos sobre la regularización de extranjeros
El grupo parlamentario Vox ha calificado de «sórdido» el procedimiento por el cual el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha instruido a los centros penitenciarios para informar a la población reclusa extranjera sobre el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. La formación política ha exigido una condena formal por parte de la Comisión Europea y ha advertido sobre los posibles riesgos de seguridad para el espacio Schengen.
La Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social ha remitido una circular a todos los centros penitenciarios de España en la que insta a garantizar que los internos extranjeros reciban información detallada sobre el Real Decreto 316/2026. Según el documento oficial, los centros deben utilizar tablones de anuncios, bibliotecas y escuelas para difundir la medida, además de designar a un profesional de referencia para acompañar a cada interno en el trámite administrativo.
Santiago Abascal, líder de Vox, ha manifestado a través de sus redes sociales que cada detalle conocido sobre este proceso resulta «más inquietante» que el anterior. Por su parte, el jefe de la delegación de la formación en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha vinculado esta medida con un problema de seguridad jurídica internacional. Buxadé sostiene que el decreto elude el Reglamento Eurodac, lo que permitiría que reclusos con antecedentes en otros Estados miembros obtengan documentación legal en España sin un cribado previo de bases de datos criminales europeas.
Desde el punto de vista operativo, la instrucción de Instituciones Penitenciarias obliga a los centros a elaborar un registro estadístico de solicitantes y a facilitar la documentación necesaria «a la mayor brevedad». Asimismo, se establece la obligatoriedad de ofrecer apoyo lingüístico a los internos y de admitir las solicitudes incluso en los casos en que la documentación presentada esté incompleta, procediendo a su anotación en el expediente personal del recluso.
La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha criticado en rueda de prensa que el Ejecutivo centre sus esfuerzos en «conceder beneficios» a personas que se encuentran en prisión por haber cometido ilegalidades. Millán ha contrapuesto esta gestión con la situación de los ciudadanos españoles, señalando que la prioridad gubernamental debería orientarse hacia otros colectivos sociales en lugar de facilitar la estancia legal a quienes han vulnerado la normativa vigente.
Vox ha confirmado que el Tribunal Supremo ya ha admitido a trámite el recurso presentado por la formación contra el decreto de regularización. En paralelo, el grupo Patriotas por Europa ha anunciado acciones ante la Comisión Europea y Europol para solicitar un pronunciamiento explícito de Bruselas. Los representantes de la formación argumentan que, mientras otros países de la Unión Europea como Alemania, Francia o Italia están endureciendo sus controles fronterizos y políticas de retorno, España avanza en una dirección opuesta.
El Ministerio del Interior, responsable de la instrucción a través de la administración penitenciaria, defiende la necesidad de dar cumplimiento a la normativa vigente asegurando que la población interna tenga acceso a la información administrativa que les afecta, garantizando así la transparencia y el procedimiento reglado dentro de los centros de reclusión del Estado.
