El Parlamento de Galicia rechaza la transferencia de competencias aeroportuarias con los votos de PP y PSOE
El Pleno del Parlamento de Galicia ha desestimado este martes la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) para reclamar la transferencia de las competencias en materia aeroportuaria a la Comunidad Autónoma. La iniciativa ha sido rechazada por los grupos parlamentarios del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista (PSOE), quienes han coincidido en señalar la inviabilidad jurídica de la propuesta basándose en criterios de legalidad constitucional.
La propuesta, defendida por el diputado nacionalista Paulo Ríos, pretendía que Galicia asumiera la gestión de las terminales de Lavacolla, Alvedro y Peinador, actualmente bajo la titularidad del Estado a través de Aena. Ríos ha fundamentado la petición en la necesidad de que Galicia actúe como un «país adulto» con capacidad para gestionar sus propias infraestructuras estratégicas, citando como precedente el reciente acuerdo entre el Gobierno central y el País Vasco para avanzar en la cesión de la gestión de sus aeropuertos.
Desde el BNG se ha criticado la postura de populares y socialistas, calificándola de «visión raquítica» y acusándoles de reducir la función de los aeropuertos a un mero complemento turístico. Según el parlamentario nacionalista, la gestión autonómica permitiría potenciar aspectos fundamentales como la intermodalidad, la movilidad de la ciudadanía gallega y el transporte de mercancías, que a su juicio están siendo desatendidos bajo el actual modelo centralizado.
Por parte del PSdeG-PSOE, el diputado Carlos López Font ha justificado el voto en contra de su grupo aludiendo a una «clara imposibilidad legal». Font ha argumentado que, si bien la gestión puede derivarse a una comunidad autónoma bajo la supervisión del Estado, la titularidad plena de infraestructuras estratégicas no puede transferirse mediante un acuerdo político simple. Como alternativa, el representante socialista ha propuesto la creación de una comisión bilateral con el Estado que permita a Galicia participar de manera efectiva en los procesos de decisión aeroportuaria.
En una línea similar, la diputada del PP de Galicia, Paula Prado, ha calificado la iniciativa de «inconstitucional» y ha acusado al BNG de buscar rédito propagandístico con una propuesta de imposible cumplimiento. Prado ha defendido el modelo de «trabajo en red» y ha subrayado que la Xunta de Galicia no aceptará ninguna nueva competencia que no cuente con una financiación adecuada, rechazando la asunción de responsabilidades que puedan comprometer la estabilidad económica de la administración autonómica.
El debate ha concluido con un cruce de reproches sobre la gestión de las infraestructuras en Galicia. Mientras el BNG sostiene que el rechazo a la transferencia supone una «declaración de incompetencia» por parte de la Xunta, los grupos mayoritarios han insistido en que cualquier avance en el autogobierno debe realizarse dentro del marco estatutario y constitucional vigente, garantizando la seguridad jurídica y la viabilidad financiera de los servicios públicos.
