Interior confirma la instrucción a las cárceles para informar sobre la regularización de extranjeros
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ratificado este martes que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha iniciado el proceso para informar a la población extranjera reclusa sobre el procedimiento extraordinario de regularización. El titular del departamento ha subrayado que el cumplimiento estricto de los requisitos legales, especialmente la carencia de antecedentes penales, será una condición indispensable para acceder a la residencia, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 316/2026.
Durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, Grande-Marlaska ha precisado que ninguna persona con antecedentes penales vigentes podrá acogerse a esta medida. Esta exclusión afecta tanto a los condenados que se encuentran cumpliendo pena como a aquellos individuos en libertad que aún no han cancelado sus registros delictivos. Respecto a los presos preventivos, el ministro aclaró que su elegibilidad dependerá de si cuentan con condenas previas firmes, ya que el requisito de carecer de historial penal es imperativo para todos los solicitantes.
El Ministerio del Interior ha delegado en la Policía Nacional la responsabilidad de elaborar informes de valoración individualizados para cada candidato. Estos documentos técnicos analizarán si el solicitante representa un riesgo para la seguridad nacional, la seguridad pública o el orden público. Según ha detallado el ministro, este análisis será «sustancial» y determinante para la resolución del expediente, asegurando que el historial de cada individuo será estudiado de manera pormenorizada por las autoridades de seguridad.
Por su parte, la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social ha emitido una instrucción para que los centros penitenciarios garanticen el acceso a la información y faciliten copia de la documentación necesaria a los internos. La orden establece la difusión del contenido del Real Decreto mediante tablones de anuncios, bibliotecas y escuelas dentro de las prisiones. Asimismo, se ha designado a profesionales de los equipos técnicos como puntos de referencia para los solicitantes y se ha dispuesto la provisión de apoyo lingüístico en los casos en que sea necesario.
Finalmente, el protocolo administrativo exige que cada petición sea debidamente anotada en el expediente personal del interno, independientemente de la disponibilidad inmediata de la documentación total o parcial. Esta medida busca contabilizar todas las solicitudes de regularización y asegurar que el procedimiento se desarrolle con las garantías jurídicas correspondientes y de plena conformidad con las obligaciones recogidas en la normativa vigente.
