Florida inicia investigación criminal contra OpenAI por presunta complicidad en tiroteo masivo
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este martes la apertura de una investigación criminal contra la empresa OpenAI y su herramienta de inteligencia artificial, ChatGPT. La fiscalía estatal busca determinar la responsabilidad de la compañía en un tiroteo ocurrido en la Universidad Estatal de Florida (FSU) en abril de 2025, bajo la premisa de que el chatbot habría proporcionado asesoramiento técnico al autor de los disparos.
La pesquisa se fundamenta en la revisión del historial de conversaciones entre el sistema de inteligencia artificial y Phoenix Ikner, un joven de 21 años acusado del ataque que resultó en dos víctimas fatales y siete heridos. Según las autoridades estatales, la herramienta ofreció sugerencias específicas sobre el tipo de armamento y las municiones más eficaces para ser utilizadas en el asalto, lo que la fiscalía califica como una forma de instrucción delictiva.
Uthmeier señaló durante una comparecencia ante los medios que la legislación de Florida tipifica como delito el acto de ayudar, incitar o aconsejar a terceros en la comisión de crímenes. «Florida está liderando el camino en tomar medidas enérgicas contra el uso de la IA en el comportamiento criminal», declaró el fiscal, subrayando que la investigación determinará si OpenAI incurrió en responsabilidad penal por las interacciones generadas por su modelo de lenguaje.
Como parte del proceso legal, las autoridades de Florida han emitido una citación formal para que OpenAI entregue documentación detallada. Los requerimientos incluyen políticas de seguridad, materiales de entrenamiento interno relativos a la prevención de daños propios o ajenos, y protocolos de cooperación con las fuerzas del orden. Asimismo, se ha solicitado una lista exhaustiva de directivos y personal técnico vinculado al desarrollo de los filtros de seguridad de la plataforma.
Mark Glass, comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), enfatizó la necesidad de evaluar los riesgos institucionales que plantean estas tecnologías. Este caso se suma a otros precedentes legales en el estado, como la demanda civil contra el chatbot Gemini, acusado de influir en el suicidio de un usuario, lo que refuerza la postura de la administración estatal hacia un control más estricto del sector tecnológico.
Este movimiento judicial se enmarca en la estrategia regulatoria impulsada por el gobernador Ron DeSantis, quien ha manifestado su intención de establecer un marco normativo estatal para la inteligencia artificial. Dicha postura contraviene las directrices del Ejecutivo federal, encabezado por el presidente Donald Trump, quien ha solicitado una regulación nacional unificada para evitar la fragmentación de normativas entre los diferentes estados de la Unión.
