El Ayuntamiento de Madrid descarta la devolución de las multas de las ZBE tras el fallo del Tribunal Supremo
El Gobierno municipal de Madrid ha confirmado oficialmente que no procederá a la devolución de los importes de las sanciones interpuestas en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) anuladas judicialmente. La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha fundamentado esta decisión en la ausencia de efectos retroactivos de la sentencia, amparándose en la jurisprudencia vigente, tras la reciente resolución del Tribunal Supremo que desestima el recurso de casación presentado por el Consistorio.
La postura institucional se produce después de que el Alto Tribunal rechazara el recurso del Ayuntamiento contra la sentencia previa que anulaba los artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible referidos a la delimitación de las ZBE. Según el Ejecutivo local, la nulidad de dichos preceptos no conlleva el reintegro de las multas ya pagadas o firmes, dado que el marco normativo fue sustituido por una nueva ordenanza aprobada el pasado mes de marzo, la cual se encuentra plenamente operativa.
Desde el Palacio de Cibeles se ha hecho hincapié en que la nueva regulación de movilidad subsana los aspectos cuestionados por los tribunales en la normativa anterior. Por ello, la administración municipal considera que el fallo judicial carece de impacto sobre el sistema actual de restricciones y sanciones, manteniendo la validez de los expedientes administrativos que ya han agotado su vía de recurso.
En el ámbito político, el grupo municipal Vox ha manifestado su disconformidad con esta interpretación. Su portavoz, Javier Ortega Smith, ha anunciado la presentación de una moción en el Pleno de la próxima semana para exigir al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la devolución de oficio de las cuantías cobradas. La formación argumenta que la anulación de la base legal de las ZBE debería invalidar de forma automática los efectos económicos derivados de su aplicación.
Ante la iniciativa de la oposición, la vicealcaldesa Sanz ha reiterado que la jurisprudencia avala la no retroactividad de este tipo de sentencias en el ámbito administrativo. Sanz ha señalado que el Ayuntamiento mantendrá su criterio técnico y jurídico frente a las posibles reclamaciones o recursos que puedan presentarse de forma individual por los ciudadanos afectados, garantizando la seguridad jurídica del actual modelo de movilidad.
Esta resolución del conflicto judicial y administrativo cierra un capítulo de incertidumbre sobre la gestión de las Zonas de Bajas Emisiones en la capital, aunque traslada el debate sobre la responsabilidad patrimonial de la administración al terreno del control plenario y posibles litigios futuros por parte de asociaciones de conductores y colectivos afectados.
