La investigación de Anticorrupción por las contrataciones del Consorcio tensa el consejo de la Autoridad Portuaria de Valencia
El primer consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) tras la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción se ha desarrollado este miércoles en un clima de marcada confrontación institucional. La investigación, que rastrea la presunta recolocación irregular de personal del extinto Consorcio Valencia 2007 en plazas del Ayuntamiento y del Puerto, ha provocado un cruce de reproches entre las principales autoridades presentes, evidenciando la fractura política que rodea al proceso judicial.
La presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, ha manifestado antes de la reunión su decisión firme de no abandonar el cargo tras ser interpelada por los medios de comunicación. Chao ha reiterado que la institución mantiene una actitud de «máxima colaboración» con el Ministerio Público y que ya se ha remitido toda la documentación requerida por los investigadores. La presidenta ha insistido en el respeto a los tiempos procesales en una causa en la que también figuran como investigadas la alcaldesa de Valencia y dos concejalas del ejecutivo municipal.
Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha defendido la legalidad de la gestión municipal en la liquidación del Consorcio Valencia 2007. Durante su intervención por separado ante la prensa, Catalá ha asegurado estar «muy tranquila» y ha desmentido que existan informes de intervención que cuestionen las plazas relacionadas con extrabajadores del ente. En esta ocasión, a diferencia de encuentros institucionales previos, no se ha producido una comparecencia conjunta entre la alcaldesa y la presidenta del Puerto, reflejando el desgaste provocado por la situación judicial.
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha elevado la presión política durante el consejo al solicitar información detallada sobre el contenido de las reuniones de la Comisión Interadministrativa Puerto-Ciudad. Bernabé busca esclarecer si en dicho foro se abordaron cuestiones relativas a la contratación de personal y no únicamente asuntos urbanísticos o patrimoniales. Esta petición apunta a determinar si existió una coordinación política para facilitar la salida del personal del Consorcio hacia otros organismos públicos.
La denuncia que ha dado origen a las diligencias de investigación apunta a presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El núcleo de la causa analiza la coincidencia temporal de las convocatorias de plazas en el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria y fundaciones municipales como Visit Valencia y la Fundación Deportiva Municipal. Según la investigación, estas plazas podrían haber sido diseñadas con perfiles específicos para absorber a antiguos empleados del Consorcio tras su disolución.
El escenario institucional en el Puerto de Valencia se ve condicionado además por la actividad de los grupos de la oposición. Compromís, formación que originó la denuncia inicial, continúa aportando documentación a la Fiscalía, mientras que el grupo socialista presiona para que se depuren responsabilidades si se confirma el diseño de una operativa coordinada. La jornada de hoy confirma que la controversia judicial ha traspasado el ámbito administrativo para convertirse en un foco de inestabilidad en el órgano de gobierno de una de las principales infraestructuras logísticas del Estado.
