España lidera el crecimiento migratorio en la Unión Europea y concentra un tercio del incremento anual

El número de personas nacidas en el extranjero que residen en la Unión Europea ha alcanzado un máximo histórico de 64,2 millones en 2025, tras registrar un aumento de 2,1 millones en el último ejercicio. Según el informe elaborado por la Rockwool Foundation (RF) en colaboración con el Centro de Investigación y Análisis de la Migración (CReAM), España se ha consolidado como el principal motor de este crecimiento al incorporar 700.000 nuevos residentes, lo que representa un tercio del incremento total registrado en el bloque comunitario.

Con estos datos, la población de origen extranjero en España asciende a 9,5 millones de personas, lo que supone aproximadamente el 20% de la población total del país, situada cerca de los 50 millones de habitantes. El estudio, que utiliza estadísticas de Eurostat y Naciones Unidas, refleja una tendencia estructural al alza en la última década impulsada por la demanda de mano de obra y las crisis humanitarias internacionales. El volumen de ciudadanos nacidos fuera del espacio Schengen en la UE ha pasado de 40 millones en 2010 a los actuales 64 millones.

En términos comparativos, España lideró los flujos de entrada durante 2024 con 1,22 millones de llegadas, superando a Alemania (1,03 millones), Italia (410.000) y Francia (353.000). Sin embargo, en cifras absolutas de población inmigrante acumulada, Alemania se mantiene en primera posición con 18 millones de personas, seguida de Francia con 9,6 millones. España ocupa el tercer lugar con sus 9,5 millones, situándose por delante de Italia, que registra 6,9 millones de inmigrantes.

La posición de liderazgo de España también se manifiesta en el sistema de protección internacional. En 2025, el país encabezó el número de solicitudes de asilo en la Unión Europea con 141.000 peticiones, seguido por Italia (127.000), Francia (116.000) y Alemania (113.000). Estos cuatro Estados miembros concentran actualmente tres cuartas partes de todas las solicitudes de asilo registradas en el conjunto de la Unión, que ascendieron a un total de 669.365.

Este escenario demográfico coincide con la aprobación por parte del Gobierno de España de una regularización extraordinaria de extranjeros. El Ejecutivo prevé que la medida afecte a unas 500.000 personas, si bien diversas estimaciones sugieren que el volumen de solicitudes podría aproximarse al millón. Esta iniciativa ha generado un debate sobre la capacidad de absorción de los servicios públicos, especialmente en los sectores de vivienda, sanidad y educación, que ya presentan signos de tensión en diversos territorios.

En el ámbito institucional, la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra esta medida, argumentando que podría vulnerar la normativa europea y afectar a la seguridad nacional. Por su parte, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha solicitado «cautela» a los Estados miembros, recordando que la gestión migratoria individual tiene repercusiones en todo el espacio Schengen y que una coordinación deficiente podría comprometer la libre circulación si se debilita el control de las fronteras exteriores.