Félix Bolaños defiende la «legítima crítica» a la instrucción del caso de Begoña Gómez frente a las quejas de las asociaciones judiciales
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha remitido una comunicación oficial a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) en la que defiende sus recientes declaraciones sobre la instrucción judicial que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El titular de Justicia sostiene que sus manifestaciones se limitaron a señalar un «hecho objetivo y extraordinario» y rechaza que supongan un señalamiento personal contra el magistrado instructor.
La misiva de Bolaños responde a una carta previa de la AJFV, la segunda asociación con mayor representación en la carrera judicial, en la que se acusaba al ministro de convertir la discrepancia jurídica en un ataque directo al juez Juan Carlos Peinado. En su respuesta, el ministro asegura que «en ningún caso ha existido por mi parte descalificación personal a nadie, ni señalamiento o ataque personal alguno al magistrado», situando sus palabras en el ámbito de la crítica técnica a determinadas resoluciones.
El argumento central del ministro se apoya en lo que califica como una situación procesal «muy anormal». Bolaños subraya que alrededor de quince resoluciones dictadas por el magistrado en este procedimiento único han sido anuladas, total o parcialmente, por órganos superiores como la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo. Según el escrito, esta acumulación de rectificaciones judiciales justifica una valoración institucional por su carácter excepcional en comparación con la actividad habitual de los juzgados españoles.
Asimismo, el ministro incide en que su postura se mantiene dentro del «total respeto y confianza en el Poder Judicial en su conjunto». No obstante, recalca que los hechos descritos no son habituales en la praxis judicial, afirmando estar convencido de que ninguno de los más de 900 jueces y magistrados que integran la AJFV ha dirigido una instrucción con una trayectoria procesal similar.
El documento también hace referencia a las diversas denuncias y quejas que afectan al instructor y que actualmente se encuentran pendientes de resolución por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con esta respuesta, el Ministerio busca reafirmar que sus críticas no cuestionan la independencia del sistema, sino que responden a una «realidad incuestionablemente excepcional» dentro del marco del Estado de derecho.
La controversia se enmarca en un clima de tensión entre el Ejecutivo y sectores de la judicatura por la gestión de las causas que afectan al entorno del presidente del Gobierno, mientras el órgano de gobierno de los jueces sigue analizando los recursos y las quejas disciplinarias presentadas en relación con este procedimiento.
