El Govern balear denuncia falta de coordinación del Estado en el proceso de regularización de inmigrantes

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local de las Islas Baleares, Antònia Maria Estarellas, ha criticado este martes ante el pleno del Parlament la gestión del Gobierno central respecto al proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes. Estarellas ha calificado de «descoordinación absoluta» la interlocución con los ayuntamientos, a quienes, según su comparecencia, se les ocultó información esencial para la tramitación de los expedientes durante la primera fase del procedimiento.

En respuesta a una pregunta de la diputada del Grupo Socialista, Pilar Costa, la consellera señaló que el Ejecutivo central tardó una semana en comunicar formalmente que el 80% de los solicitantes no requiere el certificado de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales. Esta demora, según la representante autonómica, provocó una sobrecarga innecesaria en los consistorios y generó incertidumbre entre los ciudadanos que acudieron a las oficinas municipales para iniciar sus trámites.

Durante su intervención, Estarellas rechazó las acusaciones de boicot dirigidas hacia los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. La consellera contrapuso estas críticas a la situación de los servicios estatales, mencionando el colapso histórico de las oficinas de Extranjería y la insuficiencia de medios proporcionados a los funcionarios de Correos para hacer frente al volumen de solicitudes de esta regularización extraordinaria.

La consellera también calificó de «improvisación» y «decisión temeraria» algunos aspectos del marco normativo del proceso, como la posibilidad de incluir a personas que se encuentran actualmente en situación de prisión preventiva. Según la titular de Presidencia, estas pautas demuestran una falta de rigor en la planificación de una medida que afecta directamente a las competencias de asistencia social de las entidades locales.

El debate parlamentario concluyó con la exigencia del Govern balear de una mayor transparencia y recursos por parte de la administración central para evitar que el peso administrativo de la regularización recaiga exclusivamente sobre los servicios municipales, los cuales, según denunció Estarellas, se encuentran al límite de su capacidad operativa.