La jueza del caso DANA aplaza la comparecencia de Mazón y solicita sus registros telefónicos
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha acordado la suspensión de la declaración testifical del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el marco de la investigación por la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre. La magistrada ha supeditado su comparecencia a la resolución de un recurso de apelación ante la Audiencia de Valencia y, de forma paralela, ha otorgado un plazo de cinco días al exmandatario para la entrega voluntaria de sus comunicaciones durante la jornada de la catástrofe.
La decisión judicial, comunicada este martes a través del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), busca preservar las garantías procesales antes de fijar una nueva fecha para el interrogatorio. El aplazamiento responde a la necesidad de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre la solicitud de Mazón para personarse en la causa, una petición que la instructora denegó inicialmente el pasado 31 de marzo de 2026 al considerar que dicha condición resultaba incompatible con su actual estatus de testigo.
En el plano probatorio, la magistrada ha dictado una diligencia de comunicación personal con el fin de que el expresidente aporte el listado de llamadas telefónicas, tanto entrantes como salientes, realizadas el día de la riada. El requerimiento se extiende a los mensajes de texto y aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, que guarden relación directa con la gestión de la emergencia meteorológica que se saldó con 230 víctimas mortales en la provincia.
El iter procesal se ha visto condicionado por los recientes pronunciamientos del TSJCV. El pasado 16 de marzo, la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal valenciano rechazó abrir una investigación formal contra el aforado, decisión que adquirió firmeza este lunes. Tras este movimiento, el juzgado de Catarroja ha asumido la competencia de la instrucción ordinaria, donde Mazón mantiene, por el momento, la obligación de declarar en calidad de testigo conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La defensa de Carlos Mazón fundamentó su recurso de apelación en la búsqueda de una mayor protección jurídica dentro del procedimiento. No obstante, la instructora ha reiterado que, hasta que un órgano superior no determine lo contrario, la comparecencia debe regirse por las normas de la prueba testifical, si bien el señalamiento definitivo queda ahora a expensas de los tiempos de resolución de la Audiencia de Valencia.
Este procedimiento judicial trata de esclarecer las responsabilidades civiles y penales derivadas de la respuesta institucional ante el fenómeno meteorológico. La entrega de los terminales y registros solicitados por la jueza se perfila como un elemento clave en la cronología de los hechos de la tarde del 29 de octubre, periodo sobre el cual la instrucción centra gran parte de sus actuales diligencias de investigación.
