Migraciones registra más de 130.000 solicitudes en el proceso de regularización extraordinaria
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha informado este martes de que el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes ha alcanzado ya las 130.000 solicitudes, computando tanto las tramitaciones presenciales como las telemáticas. Durante una reunión en la Subdelegación del Gobierno en Valencia con entidades y colegios profesionales, Cancela ha asegurado que el Ejecutivo atenderá todas las peticiones que se presenten de forma correcta antes del vencimiento del plazo, fijado para el próximo 30 de junio.
La titular de Migraciones ha hecho un llamamiento a la tranquilidad ciudadana, subrayando que el dispositivo administrativo está dimensionado para dar respuesta al volumen de demanda actual. En este sentido, ha anunciado que el Gobierno valorará ampliar la red de atención presencial en las oficinas de Correos «si fuera necesario», reforzando así los 371 puntos de esta entidad que ya prestan servicio, junto a 60 oficinas de la Seguridad Social y cinco oficinas de extranjería específicamente habilitadas.
En cuanto a los tiempos de respuesta, el Ministerio ha destacado la agilidad de los procedimientos actuales. Según los datos facilitados por la secretaria de Estado, el compromiso inicial de resolver la primera autorización provisional en un plazo de 15 días se está reduciendo en la práctica a un máximo de 10 días. Este documento provisional es el que permite a los solicitantes residir y trabajar legalmente en España mientras se completa la resolución definitiva de su expediente.
El proceso cuenta con el apoyo de la red del Registro de Entidades Colaboradoras en Materia de Extranjería (Recex), que suma ya más de 500 organizaciones inscritas, 40 de ellas en la Comunitat Valenciana. Cancela ha definido a estas entidades como la «capilaridad» necesaria para llegar a todo el territorio y ha instado a los solicitantes a utilizar exclusivamente los canales de información oficial y el portal específico del Ministerio para evitar posibles desinformaciones u oportunismos de terceros.
Finalmente, la secretaria de Estado ha apelado a la colaboración de los ayuntamientos de todo signo político, calificando este proceso como una «oportunidad» para el país. A diferencia de regularizaciones anteriores, este procedimiento destaca por vincular la obtención de permisos a situaciones de vulnerabilidad acreditada y no estrictamente a la presentación previa de un contrato de trabajo, lo que supone un cambio en el enfoque de las políticas de integración y derechos humanos.
