El Gobierno aprueba la exención del IRPF para las indemnizaciones a víctimas de abusos en la Iglesia
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley que establece la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las indemnizaciones percibidas por las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Esta medida tributaria se enmarca en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal Española (CEE) para la reparación de las víctimas.
Según han informado fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la disposición busca dar respuesta a una de las demandas históricas de las asociaciones de víctimas. La exención fiscal se aplicará tanto a las compensaciones económicas derivadas de los sistemas propios de la Iglesia católica como a aquellas que se gestionen a través de los mecanismos mixtos de reparación previstos en el protocolo de colaboración institucional.
El desarrollo de esta normativa da continuidad al protocolo firmado el pasado mes de marzo entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y el Defensor del Pueblo. Este acuerdo tiene como objetivo facilitar la reparación integral —económica, simbólica y restaurativa— en aquellos casos que no pueden ser resueltos por la vía judicial, ya sea por la prescripción de los delitos o por el fallecimiento de los agresores.
Desde la Conferencia Episcopal, su presidente y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ya había manifestado previamente la necesidad de este paso administrativo por parte del Ministerio de Hacienda. Argüello subrayó en su momento que, para acceder a estos beneficios fiscales, la condición de víctima debe estar debidamente reconocida por los órganos competentes establecidos en el sistema de reparación mixto.
El sistema vigente, cuyas solicitudes de reparación pueden presentarse desde el pasado 15 de abril, otorga al Defensor del Pueblo la responsabilidad última en el reconocimiento de las víctimas y la determinación de las medidas reparadoras, mientras que la Iglesia asume la responsabilidad del pago de las indemnizaciones fijadas. Con esta nueva exención del IRPF, el Estado garantiza que el importe íntegro de la compensación llegue a los beneficiarios sin detrimento tributario.
Esta medida se integra en un paquete de reformas fiscales y compromisos institucionales orientados a reforzar la protección de las víctimas de delitos sexuales contra menores y personas vulnerables, consolidando el marco de colaboración entre el Estado y las instituciones religiosas en materia de responsabilidad civil y restaurativa.
