El Grupo Popular propone una auditoría externa de la contratación del Ministerio de Igualdad

El Grupo Parlamentario Popular defenderá este martes en la Comisión de Igualdad del Senado una moción por la que se insta al Gobierno a realizar una auditoría «externa e independiente» de toda la contratación pública efectuada por el Ministerio de Igualdad, el Instituto de las Mujeres y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género entre los años 2020 y 2025.

La iniciativa surge tras la publicación de un informe del Tribunal de Cuentas relativo a la fiscalización de la contratación menor en el Área de Gasto 2 de los Presupuestos Generales del Estado. Según el texto registrado por el PP, el órgano fiscalizador ha detectado un uso «excesivo, no suficientemente justificado y en muchos casos inadecuado» de este tipo de procedimientos, señalando que se han empleado para atender necesidades recurrentes que deberían haber sido planificadas mediante licitaciones ordinarias.

La propuesta de los populares pone el foco en el análisis de los contratos de patrocinio frente al régimen de subvenciones, el cumplimiento de los límites legales establecidos y la motivación de los expedientes. Asimismo, se solicita evaluar la eficiencia y el impacto real de los contratos suscritos por el departamento que dirige Ana Redondo, incluyendo aquellos firmados con medios de comunicación para la difusión de campañas institucionales.

De ser aprobada la moción, el Ejecutivo debería remitir dicha auditoría a la Cámara Alta en un plazo máximo de seis meses, acompañada de un plan de medidas correctivas. El texto exige la aplicación inmediata de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para garantizar que el contrato menor recupere su carácter estrictamente excepcional y motivado, ajustándose a los principios de transparencia y concurrencia que rigen el sector público.

La moción subraya que, según los datos analizados, en el 64% de los contratos fiscalizados en el ámbito de Igualdad, los importes se situaban muy próximos al límite legal de 15.000 euros para los contratos de servicios y suministros. Además, el grupo proponente señala que en el 68% de los expedientes no constaba de forma adecuada el cálculo del valor estimado, lo que dificultaría comprobar si se ha producido un fraccionamiento del gasto para eludir los procedimientos de control.

Asimismo, el Partido Popular solicita que la financiación a entidades privadas para la realización de actividades de interés social —como premios, congresos, jornadas o campañas de sensibilización— se canalice de forma general a través del régimen de subvenciones previsto en la legislación, reservando el contrato menor para supuestos excepcionales debidamente justificados.

Como ejemplo de posibles ineficiencias en el uso de los fondos públicos, el texto menciona un contrato específico con un medio digital para la difusión de contenidos sobre «nuevas masculinidades tóxicas en entornos digitales» con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según el Grupo Popular, este tipo de acciones muestran un impacto escaso en relación con su coste económico, lo que refuerza la necesidad de un mayor control sobre la contratación del Ministerio y sus organismos dependientes.