José Luis Ábalos solicita al Tribunal Supremo investigar a la UCO por una presunta revelación de secretos

La defensa de José Luis Ábalos ha registrado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que solicita la declaración de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por un presunto delito de revelación de secretos. El exministro de Transportes sostiene que los efectivos policiales podrían ser el origen de la filtración de un dispositivo de memoria que contiene imágenes inéditas del Comité Federal del PSOE celebrado en octubre de 2016, material que ha sido difundido recientemente en medios de comunicación.

El escrito, rubricado por el letrado Marino Turiel, fundamenta la petición en que la UCO intervino un pendrive con dicho contenido durante el registro de la vivienda de Ábalos en Valencia el pasado 10 de junio. Según la representación legal del exdirigente socialista, existen «indicios racionales» de que el material audiovisual, que muestra los pormenores del cónclave que supuso la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general, procedería de la custodia policial, dado que el exministro asegura que solo él y el actual presidente del Gobierno disponían del contenido íntegro en soporte digital.

Esta maniobra procesal se produce en un momento crítico para el exministro, quien se enfrenta a peticiones de pena que alcanzan los 30 años de prisión en el marco de la investigación por el denominado «caso Koldo». La defensa argumenta que, a pesar de la intervención del dispositivo hace meses, todavía no se ha hecho entrega a la parte investigada de una copia del mismo, lo que a su juicio refuerza la hipótesis de una difusión ilícita de información reservada que afecta directamente a la causa.

No es el primer incidente procesal que enfrenta a Ábalos con la unidad de élite de la Guardia Civil. Con anterioridad, el Tribunal Supremo ya ha desestimado diversos recursos del exministro que buscaban apartar a la UCO de las investigaciones por presuntas filtraciones del sumario. Ábalos ha denunciado de forma reiterada lo que considera una «investigación prospectiva», señalando supuestas irregularidades en la interceptación de comunicaciones privadas y en el tratamiento de datos personales de su entorno familiar y afectivo.

El conflicto entre el exsecretario de Organización del PSOE y los investigadores se recrudeció tras un informe patrimonial de la UCO que atribuyó erróneamente a Ábalos una propiedad en Colombia valorada en 2,5 millones de dólares, cuando la cifra real era de 2,5 millones de pesos colombianos (aprox. 750 euros). Aunque los agentes rectificaron el dato posteriormente, la defensa del exministro sostiene que este tipo de episodios forman parte de una persecución que vulnera sus derechos fundamentales en el proceso.

El Alto Tribunal deberá ahora decidir si admite la práctica de las diligencias solicitadas por la defensa y si cita a los agentes encargados de la investigación para aclarar el flujo de custodia del material intervenido. Mientras tanto, la instrucción del «caso Koldo» continúa su curso, centrándose en las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de material sanitario durante los meses más críticos de la pandemia de COVID-19.